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El Ministerio de Vivienda (Minvu) informó que el plazo de 30 días dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso es para notificar a las familias del desalojo de una toma en Quilpué, ubicada en el terreno del empresario asesinado Alejandro Correa, sin implicar una demolición inmediata. La seremi de Vivienda de Valparaíso destacó la necesidad de establecer una mesa de trabajo para proteger la integridad de las personas en el proceso. La Unidad Jurídica del Minvu explicó que la sentencia ordena notificar la resolución a los propietarios y ocupantes, quienes tienen 10 días para presentar reclamaciones judiciales. Una vez resueltos los reclamos, Serviu procederá a la demolición con el auxilio de la fuerza pública, solicitando recursos para ello.
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El Ministerio de Vivienda (Minvu) informó que el plazo de 30 días dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso es para notificar a las familias del desalojo de una toma de Quilpué -cuyo terreno pertenece al empresario asesinado por un sicario- y no para demoler inmediatamente las construcciones levantadas sin autorización.
Se trata del terreno de Alejandro Correa, empresario que fue asesinado de un disparo afuera de su casa en Concón y que su familia lleva años tratando de recuperar.
A través de un comunicado, la seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, indicó que “indistintamente de las acciones que tomemos como Seremi, ante el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, conocido el día de ayer, podemos dar cuenta que este fallo da un plazo de 30 días para notificar a los involucrados: los propietarios, los ocupantes del terreno y Serviu”.
Precisan en el escrito que “se trata de una notificación para el desalojo del terreno y no para emprender una demolición de manera inmediata. Entendemos que, para ejercer estas acciones, se debe establecer previamente una mesa de trabajo cuyo foco debe ser proteger la integridad de las personas al momento de ser llevadas a cabo”.
Por su parte, desde la Unidad Jurídica del Minvu explicaron que “la sentencia ordena a que la Seremi notifique la Resolución Exenta N°1000/2021, dentro del plazo de 30 días, a contar de que el fallo quede ejecutoriado. La norma y el acto administrativo ordenan de la notificación del acto administrativo al propietario o a su representante y a los ocupantes”.
Precisan que desde la fecha de la notificación, hay un pazo de 10 días para interponer alguna reclamación judicial ante el Juzgado de Letras de Quilpué, en tramitación sumaria, en contra de la orden de demolición.
“Resuelto el reclamo o transcurrido los plazos para su interposición, Serviu debe llevar a efecto la demolición con auxilio de la fuerza pública. Por su parte, Serviu para ejecutar la orden, debe solicitar recursos para contratar proyecto de demolición y materializarla”, añaden.
