Caso Cachagua: los antecedentes que la Fiscalía dejó pasar para cerrar causa por polémicas fiestas

“Esta Fiscalía, con fecha 13/julio/2022, ha decidido no perseverar en este procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”. De esa manera se informó que concluirá sin responsables la indagatoria penal de las masivas fiestas clandestinas llevadas a cabo en enero de 2021 en Cachagua, comuna de Zapallar, decisión que no dejó indiferente a la opinión pública.

Quien reaccionó a la determinación de la justicia fue el exseremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, el que por medio de un video afirmó que la ocurrido “es para no creerlo”, agregando que a partir de esas fiestas “se generaron uno de los brotes más grandes que vimos en la pandemia, con más de sesenta personas contagiadas y más de 170 contactos estrechos”.

“No tan sólo se vieron afectadas las personas que participaron en estas fiestas, si no que también personas que no tenían nada que ver, que vivían en la ciudad, que tuvieron algún tipo de contacto con estas personas que no sabían que estaban contagiadas y la pasaron muy mal”, agregó.

Eso sí, el extitular de la cartera de Salud en la región de Valparaíso no se detuvo allí, expresando que la determinación es “sin duda una mala señal, queda la sensación de impunidad. Me queda claro que en ese tiempo la Autoridad Sanitaria sí hizo la pega. De hecho, a partir de la investigación epidemiológica, se determinó que el nexo de contagio fueron las fiestas y por otra parte, fiscalizadores de la Seremi de Salud tomaron testimonios de los testigos que evidenciaron que las fiestas fueron reales. Con toda esta información, se iniciaron los sumarios sanitarios y también se presentó a la Fiscalía”.

Las pruebas que no bastaron

Fue por medio de un video que la opinión pública se enteró de una de las masivas fiestas ocurridas en la comuna ya mencionada, derivando en acciones legales por parte del Gobierno, cuyo representante en la zona era el exintendente, Jorge Martínez.

En específico, dichos festejos tuvieron lugar luego del Año Nuevo de 2021, tanto en un local de la zona como en una vivienda particular.

De acuerdo a una querella presentada por el Gobierno, el 2 de enero, alrededor de las 21:00 horas, un inspector municipal llegó hasta el restobar “Santo Diablo”, constatando flagrantemente que los clientes transitaban sin el adecuado uso de la mascarilla, por lo que se cursó una citación a Martín Abogabir Egaña, en su calidad de administrador del local, para el Juzgado de Policía Local de Zapallar, la cual se reiteró dos días más tarde luego que otro fiscalizador notara una nueva infracción a las normas sanitarias, las que -en ese momento- prohibían “el funcionamiento de locales comerciales como Pub, durante la vigencia de la fase 3, como sucedió en el presente caso”.

Otro protagonista de este mediático hecho fue el piloto de rally Samuel Israel Concha, quien el 3 de enero del año pasado efectuó un fiesta en una casa de la ciudad.

En este caso, fue personal de Carabineros -de la Primera Comisaría de La Ligua- los que llegaron la madrugada de dicha jornada hasta el inmueble ubicado en la comuna ubicada en la región de Valparaíso, tras quejas de vecinos por ruidos molestos.

La querella presentada por el Ejecutivo reveló que efectivos de la policía uniformada arribaron hasta el lugar, cursaron una infracción por ruidos molestos contra el imputado —dejándolo citado al Juzgado de Policía Local de Zapallar— y luego se retiraron del lugar.

Además, la acción judicial sostuvo que en la fiesta clandestina habrían participado cerca de doscientas personas, y que se concretó mientras la zona se encontraba en pleno Estado de Emergencia y “con directa infracción al toque de queda”.

En efecto, el delito imputado fue el referido al artículo 318 del Código Penal, que sanciona a todos aquellos que atenten contra la salud pública en tiempos de pandemia o catástrofe.

Asimismo, días después de las fiestas, los casos de covid-19 en Zapallar registraron una abrupta alza, lo que fue graficado por la entonces subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien de manera categórica indicó “¿sabe qué ejemplo le voy a dar? Voy a dar un ejemplo de lo que vimos hoy a propósito de Zapallar. Zapallar aumentó sus casos apropósito de esta fiesta clandestina, en un 307%. Si alguien se muere, ya saben a quién irle a preguntar”.

Tras las polémicas fiestas, además del inició de una persecución penal, también se cursaron cuantiosas infracciones a los participantes. Sin embargo, a un año de ocurrido los hechos, las 32 personas sumariadas aún no cancelaban sus multas, según publicó BioBioChile.

Reacción desde La Moneda

La reacción de La Moneda no se hizo esperar, precisando la ministra del Interior, Izkia Siches, que “esta fiesta en un balneario exclusivo fue sin duda un hecho de connotación pública, en donde uno hubiera esperado las debidas sanciones”.

En ese sentido, Siches acotó además que “sin duda que no existan (sanciones), es una señal, a mi juicio equívoca, y en eso esperamos que no haya impunidad para nadie en nuestro país”.

Por su parte, el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, también tuvo palabras para lo decidido por la Fiscalía de La Ligua, señalando -en conversación con Radio Futuro- que “es un tema que debe generar rabia y molestia por parte de la gente. Vimos como en pandemia se intervino en muchos lugares de todos los sectores y donde se pusieron multas. Lo que no se logran explicar los chilenos y chilenas y yo tampoco es porque existen privilegios entre niveles socioeconómicos”.

“Esto ocurre en la fiscalía que tiene autonomía y aquí es donde nos cuestionamos cómo funciona la ley en nuestro país. Me parece una mala noticia para Chile porque todos sabemos que se vulneró lo que había establecido en la pandemia”, sentenció el secretario de Estado.