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Luego de una demanda interpuesta en 2015 por el Consejo de Ancianos y Parlamento de Rapa Nui en contra del Estado de Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible la acción judicial donde se busca recuperar la autonomía de los territorios indígenas.
Junto con esto, se está pidiendo que se reconozca la propiedad de los terrenos ancestrales de Isla de Pascua, mientras que el alcalde de dicho territorio, Pedro Edmunds Paoa, manifestó que “es la mejor noticia para los tiempos que estamos viviendo”.
Lo anterior, hace relación a una presunta responsabilidad del Estado chileno en la violación del derecho a la propiedad colectiva que para los querellantes ha representado un daño en el estilo de vida y el desarrollo del pueblo Rapa Nui.
Según explicó el abogado Ciro Colombara, abogado del consejo de ancianos y del parlamento rapa Nui, esto es un gran paso, ya que los deja más cerca ante la opción de que el caso sea enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La acción judicial está patrocinada también por los abogados Aldo Díaz y Carola Cotroneo, la que busca insistir en que el Estado tiene el deber de restituir la tierra de este pueblo y su derecho a la libre determinación.
De ser corroborados como ciertos los hechos alegados “podrían caracterizar violaciones a los artículos 4 (derecho a la vida) 26, 8 (garantías judiciales), 12 (libertad de conciencia y religión), 21 (derecho a la propiedad) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en perjuicio de la comunidad indígena rapanuí, todos a la luz de los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento”.
El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, se mostró conforme con la admisibilidad de la demanda y que esta se condice con el trabajo que se está realizando actualmente en la Convención Constitucional.
“Encuentro que es la mejor noticia para los tiempos que estamos viviendo (…) Es tiempo de un cambio profundo, es tiempo de reconocer los derechos a los pueblos originarios”, sostuvo Edmunds Paoa.
Ahora, el Estado de Chile tiene cuatro meses para presentar sus descargos ante la Comisión, previo a que el caso sea revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
