Con una indemnización de más de 200 millones de pesos concluyó el juicio civil de reparación del daño causado por la muerte de Luis Guillermo Beiza, un minero de la comuna de Llay Llay que fue encontrado sin vida el 3 de junio del 2013 en un calabozo de la subcomisaría de la comuna.

El confuso caso, que fue inicialmente tratado como un suicidio, tuvo a carabineros dados de baja y hasta a un directivo del Servicio Médico Legal formalizado por falsificación. Pese al término de la causa, la familia de Beiza lamenta que nunca pudo saber el verdadero motivo de su muerte.

Todo comenzó una noche de mayo de ese año, cuando Beiza, de profesión minero, se dirigió junto a un amigo a un asado, siendo detenido esa misma noche porque presuntamente habían recibido una denuncia anónima de que el hombre se encontraba vendiendo droga en una esquina.

Incluso, el parte de la institución policial señalaba que se encontraba en posesión de drogas, por lo que es detenido.

Llamado falso y enterrado sin su corazón

Eduardo Fajardo, fiscal jefe de la Fiscalía de San Felipe era el persecutor de turno al que se le asignó el caso. Por su determinación, se instruye que sea dejado en libertad y que se le cite a una audiencia dentro de esa misma semana. Sin embargo, Carabineros habría desobedecido esa instrucción, dejándolo detenido. Dos horas después Luis Beiza apareció fallecido.

En el sumario de la fiscalía militar, se pudo conocer que nunca hubo una denuncia anónima en contra del hombre. Tampoco se acreditó la droga, y se les sancionó por falsificar la lista de pertenencias del hombre, la firma de la lectura de derechos del detenido.

Uno de los elementos más desconcertantes del caso, es que cuando se le realiza una segunda autopsia pedida por la familia, se conoce que Beiza fue enterrado sin su corazón, por lo que no se pudo establecer la causa de muerte. Por esto el director del Servicio Médico Legal de San Felipe de la época, Dr. Gastón Santiago Donckaster Clavero, fue formalizado por falsificación y mal uso de instrumento público.

Los carabineros se protegieron entre ellos

Loreto Allendes, abogada de la familia de Luis, señaló que los carabineros se protegieron entre ellos, por lo que nunca comprometieron a la viuda del minero averiguar la verdad de la causa, pero sí presentaron demandas por el accionar del personal policial.

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Para nosotros era imposible acreditar que lo habían asesinado, no había prueba, no había testigo, los carabineros se encubrieron unos con otros
- Loreto Allendes, abogada de la familia

La demanda civil argumentó el daño moral, económico y psicológico a la familia, considerando que Luis era el principal ingreso de la familia, dejando de percibir cerca de un millón de pesos, además de que la viuda de Beiza sufrió una depresión producto del hecho.

Disconformidad de la familia

Inicialmente, se aprobó una indemnización de 40 millones de pesos. Por ser una cifra considerada baja, acudieron a la Corte de Apelaciones y llegaron a los 200 millones que fueron acordados.

Teresa Rojas, pareja de Luis durante 14 años, fue enfática en señalar que el dinero nunca reparará el daño causado.

Preguntada por Radio Bío Bío por su perspectiva del caso, apuntó a la cantidad de dinero que el hombre llevaba cuando fue detenido, como clave para entender lo que sucedió.

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Mi perspectiva de los hechos, fue que el dinero que él llevaba encima, lo perdió (…) se supone que él iba con un matrimonio y resulta que él fue el primero en sacar sus documentos. Ahí el esposo de la otra señora dijo que se le había visto un buen fajo de billetes que llevaba mi marido (…) porque estaba recién pagado
- Teresa Rojas, pareja de la víctima

La defensa de la familia apuntó que todas las personas involucradas que fueron sancionadas por carabineros, fueron reincorporados en la institución, ya sea en la misma zona o siendo trasladados a distintos puntos del país.