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El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp solicitó la renuncia de la directora de Educación de la Cormuval, Silvana Sáez luego que la Contraloría iniciará un juicio de cuentas para recuperar más de $930 millones de pesos por el supuesto mal uso de la Subvención Escolar Preferencial.
Sin embargo, Sáez emitió un comunicado señalando que no va a renunciar al puesto, y acusó al alcalde de Valparaíso de tomar una decisión política apresurada.
Esto tendría directa relación con irregularidades en dos liceos de la comuna puerto: María Luisa Bombal y liceo Técnico de Valparaíso.
El líder comunal, Jorge Sharp aseguró que si existen eventuales delitos, se van a entregar todos los antecedentes del caso para ayudar a la investigación. Pero eso no fue todo, ya que solicitó la renuncia de la Directora del Área de Educación de la Corporación municipal, Silvana Sáez.
Sin embargo, durante la tarde del día de ayer se conoció que la directora de educación Silvana Sáez, emitió un comunicado señalando que no va a renunciar al puesto, y acusó al alcalde de Valparaíso de tomar una decisión política apresurada al pedirle su cargo, agregando que no tiene ninguna responsabilidad en lo que Contraloría cuestiona y comprometiendo que tomará acciones judiciales para defender sus derechos laborales.
Junto con esto, se conoció un audio de Sáez que envió a los trabajadores de Cormuval, en que se refirió a la decisión del alcalde.
“Es de público conocimiento la posición del alcalde (…) trata de poner, otra vez, responsabilidades que no tengo”, indicó agregando que también denunciaría “las condiciones laborales que tengo, no tengo contrato, no tengo nombramiento directora del área de Educación”.
En cuanto al informe de Contraloría, este además deja que alumnos de ambos centros educacionales fueron utilizados “para trabajar como garzones y cocineros, siendo menores de edad y sin autorización expresa para efectuar esa actividad”, situación que incluso llegó hasta la defensoría de la niñez, quienes indicaron que ya se encuentran realizando indagatorias por este tema.
El organismo fiscalizador, al mismo tiempo, envió los antecedentes al Ministerio Público, atendido que los hechos podrían revestir caracteres de delito, en particular una presunta malversación de caudales públicos.
