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Durante este jueves detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron el hallazgo del cuerpo de Ámbar Cornejo, menor de 16 años que se encontraba desaparecida desde el miércoles 29 de julio pasado. Sobre el hallazgo, la PDI informó que la ropa y los restos encontrados en la casa de la pareja de la madre de Ámbar, corresponden a la joven desaparecida.
En ese sentido, los diputados UDI, Nicolás Noman y Osvaldo Urrutia, emplazaron al Poder Judicial, y en específico a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para que expliquen las razones que tuvo en 2016 la Comisión de Libertad Condicional para otorgarle el beneficio a Hugo Bustamante, quien hoy es el principal y único imputado del crimen de la menor de Villa Alemana.
Los parlamentarios exigieron que se explique por qué se dejó en libertad al hombre, argumentando que ese año existía un informe negativo de parte de Gendarmería para oponerse a la solicitud. Pero además, los diputados aseguraron que uno de los requisitos para acceder al beneficio es haber cumplido al menos la mitad de la condena, en circunstancias que Bustamante sólo llevaba en prisión once de los 27 años a los que fue sentenciado.
“Muchos nos espantamos cuando en 2016 nos enteramos de que distintas Cortes de Apelaciones del país, pero en especial la de Valparaíso, estaba otorgando una serie de libertades condicionales que no se ajustaban. Y bueno, tuvo que pasar una situación como esta para que nos dieran la razón”, cuestionaron los diputados.
Además de hacer referencia al informe de Gendarmería y a los requisitos que no cumplía Bustamante, los parlamentarios recordaron que el imputado “no sólo estaba condenado por un simple delito, sino que por haber asesinado a su pareja y al hijo de ella, a quienes los ocultó por días en un tambor, que al parecer fue el mismo modo de actuar de ahora”.
Por lo mismo, los diputados UDI también aseguraron que le solicitarán formalmente al ministro de Justicia, Hernán Larraín, que revise los procedimientos para justamente otorgar dichas libertades. De ser necesario, los diputados incluso se mostraron abiertos a endurecer los requisitos para acceder al beneficio.
“Lamentablemente tienen que ocurrir situaciones como el fallecimiento de una menor para que nos pongamos a revisar los procedimientos que tenemos en un tema tan delicado. Lo advertimos en 2016 y lo volvemos a retirar hoy: ninguna persona que haya cometido un crimen tan horrendo debe tener el derecho a acceder a este beneficio”, indicaron.
Sobre lo mismo, añadieron: “No nos olvidemos que en la década del 90′ el imputado ya había recibido una libertad condicional que quebrantó a los ocho meses de haber salido libre. Y ese antecedente ni siquiera fue tomado en cuenta por esta comisión cuando en 2016 decidieron darle nuevamente la libertad”.
Oficio
Por su parte, la diputada Erika Olivera (IND) dijo sentir “tristeza e impotencia de ver que una vez más llegamos tarde ante la vulneración de derechos que vivió toda su vida la pequeña Ámbar Cornejo. Fuimos mudos cómplices de los abusos que se cometieron en su contra y que, finalmente, terminaron en su muerte”.
Agregó que “la niña no vivía con sus padres y de acuerdo a la información que entregaron sus cercanos, cada vez que debía solicitar la pensión que se pagaba en favor de ella, se exponía a situaciones que ponían en riesgo su seguridad. ¿Cómo permitimos que esto sucediera?”.
“En Chile no hay niñas, niños ni adolescentes de segunda categoría, pero vaya que estos hechos nos hacen dudar de ello. Nos ha tomado años protegerlos lo que se ha traducido en dolor, maltrato, abusos violaciones, muertes y en desesperanza que como mujer y madre no quisiera que jamás un niño o niña vuelvan a sufrir”, aseguró.
Olivera mencionó que “es incomprensible que la pareja de la madre de Ámbar y supuesto homicida, Hugo Bustamante Pérez, haya estado en libertad después de haber sido condenado a 27 años de presidio por el asesinato de otra mujer y su hijo de 9 años”.
“Este hombre apenas cumplió once años tras las rejas. Por esta razón, envié un oficio al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; al presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino; y Christián Alveal Gutiérrez, director Nacional de Gendarmería de Chile; con el fin de conocer el informe en base al cual se le concedió el beneficio de libertad condicional a Bustamante Pérez, en el año 2016”, sostuvo.
Además, la diputada detalló que solicitó “remitir la resolución que concedió ese beneficio, los ministros y miembros de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que concurrieron a esa resolución, el informe de Gendarmería y otros informes elaborados relacionados y presentados previamente a la decisión”.
“Pedí, además, remitir el plan de intervención individual y los informes periódicos elaborados por Gendarmería, en particular del delegado encargado de su supervisión, durante el tiempo posterior a la entrega de la libertad condicional”, puntualizó.
