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El Juzgado de Garantía de Rancagua fijó para el próximo 26 de abril la formalización inédita en la historia del Poder Judicial chileno, de un ministro de corte de apelaciones, para Emilio Elgueta.
El acusado es titular del tribunal de alzada de Rancagua, quien está siendo investigado por el fiscal Sergio Moya por el delito de prevaricación y enriquecimiento ilícito.
En noviembre pasado el Fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias, pidió a la Corte Suprema una investigación contra el magistrado por la denuncia que presentó una trabajadora social que detectó presuntas irregularidades en los nombramientos de suplencia, los que habrían favorecido a una hija del ministro.
El persecutor lo hizo en el marco de la tramitación de recursos por el caso de los abusos sexuales en la Iglesia Católica, donde precisamente la sala que integraba Elgueta mantenía paralizada su investigación.
En forma paralela se abrió una investigación administrativa a cargo de la ministra de la Corte Suprema Rosa María Maggi, y otra penal en manos del jefe de la unidad de alta complejidad de la fiscalía regional de O´Higgins, Sergio Moya.
Este último pidió audiencia en el Juzgado de Garantía de Rancagua para formalizar al ministro Elgueta por enriquecimiento ilícito y prevaricación, es decir, la aplicación torcida de la ley.
Además de esto, el pleno de la Corte Suprema suspendió por cuatro meses al magistrado hasta que se dicten eventuales cargos por tráfico de influencias en su contra. El vocero del tribunal máximo del país, el ministro Lamberto Cisternas, explicó que este sumario es por irregularidades en el nombramiento de funcionarios del poder judicial en Rancagua y por presuntas negociaciones con abogados de las partes.
El abogado Hugo Rivera, representante del cardenal Ricardo Ezatti en el caso de los abusos sexuales de curas, calificó como “preocupante” la situación en torno al juez. Otro de los litigantes en este caso, el abogado Juan Pablo Hermosilla, cuestionó las evaluaciones que se hacen entre los jueces.
El polémico historial del juez
En 2010 el magistrado fue investigado por tráfico de influencias, y bajo estos mismos cargos fue suspendido esta jornada por la Corte Suprema por 4 meses. El mismo año recibió una insignificante amonestación por escrito en el 2010, en el marco de una denuncia de violencia intrafamiliar que interpuso en contra de su esposa, pues intentó presionar a un juez de garantía y a un fiscal del Ministerio Público para que la mujer fuera detenida, intentando saltarse las formalidades procesales.
El mismo ministro en enero del 2014 enfrentó otro sumario y una investigación penal que no tuvieron mayores efectos, luego de que su esposa, Alejandra Rebolledo, irrumpiera con un cuchillo y ácido en la ceremonia de matrimonio de una funcionaria del poder judicial con el fin de agredirla, nada menos que en el altar de la iglesia.
El mismo año fue acusado de acoso telefónico por su expareja, por llamados y mensajes de texto provenientes del teléfono institucional financiado con el presupuesto del Poder Judicial. El sumario por este caso fue finalmente sobreseído por la Corte de Apelaciones de Rancagua.
