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Despidos en organismos públicos de Los Ríos preocupan a la Mesa del Sector Público, que evalúa recurrir a la Contraloría debido a la no renovación de contratos en municipios y servicios del Ministerio de Obras Públicas. El vocero regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y secretario, Rodrigo Delgado, mencionó entre cinco y seis casos de desvinculaciones, destacando la importancia de aplicar la "confianza legítima" para garantizar la estabilidad laboral de funcionarios con más de dos años de servicio. La defensa de este derecho se fortalece tras la suspensión del dictamen de la contralora Dorothy Pérez que buscaba extender a cinco años dicho periodo.

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Desvinculaciones en organismos públicos de la región de Los Ríos generaron acciones en la Mesa del Sector Público, que analizó ir a la Contraloría principalmente por despidos en distintos municipios.

Con el fin de año e inicio de 2025, son distintas las acciones que activaron a los representantes de los funcionarios, como consecuencia de la no renovación de contratos o desvinculaciones.

Según confirmó el vocero de la instancia en la zona, y secretario regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Rodrigo Delgado, existen entre cinco y seis casos, principalmente en servicios ligados al Ministerio de Obras Públicas.

También dijo que hay casos en diferentes municipios, ligados a los cambios de administraciones de las casas edilicias.

Para los primeros casos buscarán la recontratación; y para los segundos, que la Contraloría aplique la condición de “confianza legítima”, al ser funcionarios con más de dos años en funciones.

Eso último significaría que -a no ser que tengan malas calificaciones o hayan incurrido en alguna falta- sean renovados en sus puestos de trabajo.

El dirigente enfatizó en que “defenderán firmemente” el cumplimiento de la confianza legítima para el aseguramiento laboral de los funcionarios.

Ello, luego que la Corte de Santiago suspendiera el dictamen de la contralora Dorothy Pérez, que buscaba aumentar a cinco años el mínimo para tal derecho y que, ante discrepancias, las reclamaciones se hicieran en la Justicia y no en el ente contralor.