Hasta el Congreso llegó la familia de Julia Chuñil Catricura, presidenta de una comunidad indígena que está extraviada hace más de 20 días en Máfil, en la región de Los Ríos. Piden mayor despliegue de recursos en su búsqueda.
Fue el pasado 8 de noviembre que a la mujer de 70 años se le perdió el rastro en el sector de Huichaco tras salir a buscar animales. Desde entonces comenzó una desesperada búsqueda que hasta el momento no ha dado resultados.
Familiares exponen en Comisión de Medio Ambiente
Es por ello que sus familiares se presentaron ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputados para solicitar que se refuerce el trabajo para dar con su paradero.
Claudia Troncoso, sobrina de Julia Chuñil, indicó en la instancia que su tía es defensora del medio ambiente y presidenta de una comunidad indígena, y que “hace 2 años que vive atormentada por personas que la han amenazado de muerte”.
Situación que también dio a conocer el hijo de la adulta mayor desaparecida, Pablo San Martín, al asegurar que “ella vivió mucho hostigamiento, amenazas”. Según relató, su madre les decía que “me andan persiguiendo, me quieren echar, pero yo no me voy a ir. Quiero limpiar ese campo”.
Pablo dijo que su mamá “desapareció de la nada” y que solo encontraron “las huellas de una camioneta“. Tampoco ha aparecido su perro ‘Chilito’, con el que salió el 8 de noviembre.
Tras escuchar el relato de los familiares de la mujer, la Comisión de Medio Ambiente acordó oficiar al Ministerio del Interior y a la Delegación Presidencial de Los Ríos para inyectar más recursos en la búsqueda; y al Ministerio de Defensa para que también se puedan sumar a los trabajos de rastreo.
Amenazas a ambientalistas
En la comisión también estuvo la organización Escazú Ahora Chile, dando cuenta que el caso de Julia no es aislado, ya que solo en 2023 se habían documentado más de 20 casos de amenazas y ataques a defensores ambientales.
“Nosotros hace prácticamente un año estuvimos en esta misma comisión, justamente denunciando el poco avance del gobierno en la implementación del Acuerdo de Escazú y un año después nos encontramos nuevamente acá en la misma situación, con un caso extremadamente grave donde todavía no hay ningún protocolo para accionar ni para poder proteger a las y los defensores ambientales”, denunció Sebastián Benfeld, presidente de la agrupación.
La ONG solicitó que junto con oficiar a las entidades correspondientes, se ponga prontamente en tabla el proyecto de ley que busca resguardar y sancionar los crímenes contra defensores del medio ambiente.