Adopciones ilegales en dictadura: acusan a exalcaldesa de Paillaco de no avanzar en indagatorias

Denuncian a la anterior administración comunal de Paillaco, en la región de Los Ríos, por incumplir el compromiso de hacerse parte de la investigación por las adopciones irregulares en la dictadura.

La exalcaldesa y ahora convencional constituyente se defiende, asegurando que no hubo ninguna denuncia formal en contra de involucrados que permitieran iniciar un sumario en su contra.

Se trata del caso de presuntas adopciones irregulares realizadas en Paillaco por una asistente social, quien durante el periodo de la dictadura militar retiraba del hospital de la comuna a recién nacidos, engañando a las madres con el argumento que los pequeños habían muerto durante el parto.

De esa forma, los bebés eran llevados a una guardería, donde esperaban ser adoptados irregularmente por familias europeas, trámite por el que se pagaban importantes sumas de dinero.

Sobre los nuevos antecedentes que salieron a la luz pública en los últimos días, el alcalde de Paillaco, Miguel Ángel Carrasco, explicó que solicitó los antecedentes a la unidad jurídica del municipio, reconociendo que bajo la administración comunal de Ramona Reyes, no se realizó ninguna de las acciones comprometidas en 2018, con el fin de aportar y ayudar en la investigación.

A juicio de la primera autoridad comunal, ahora sólo resta que sea la justicia civil la que se haga cargo de estos casos, porque la asistente social involucrada en los hechos ya no es funcionaria municipal, luego de jubilar en 2020.

Consultada sobre el caso, la exalcaldesa Ramona Reyes y actual convencional constituyente, aseguró que en 2018 se habilitó una oficina para recibir denuncias de adopciones irregulares, la que estuvo operativa por varios meses y donde sólo se tomó conocimiento de un caso, el que fue remitido al Poder Judicial para que sea incorporada a la carpeta investigativa que lleva adelante el ministro en visita a cargo de la causa.

Sobre acciones administrativas en contra de la asistente social, funcionaria municipal que en aquella época se encontraba en ejercicio, señaló que nunca existió una denuncia formal en su contra ni de otras personas como para iniciar un proceso sumarial.