Un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto Mariquina, determinó que esa comuna de Los Ríos, es una potencial zona de sacrificio por los diferentes proyectos que se tramitan en el lugar. El documento podría ser usado para eventuales acciones legales contra el Estado.

Se trata del informe de una Misión de Observación que realizó el año pasado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tras una denuncia de comunidades indígenas de la comuna de Mariquina en la región de Los Ríos, respecto de potenciales vulneraciones de derecho fundamentales, en materias de, medio ambiente, salud, educación, cultura, entre otros.

En el documento, se indica que se pudo constatar la existencia de potenciales afectaciones al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, producidas por la expansión de la industria forestal y celulosa, impactando en la cantidad de agua disponible.

Además, indican que se verificó la existencia de varias faenas forestales, aserraderos, pozos de excavación de ripios, además de la tramitación para la instalación de una planta de residuos industriales y domiciliarios peligrosos y no peligrosos, lo que transforma a esta zona en una potencial “zona de sacrificio” ambiental.

El director del organismo de derechos Humanos en Los Ríos, Sebastián Smart, respecto de lo anterior indicó que hay proyectos que a pesar no tener que efectuar alguna tramitación ambiental, según la normativa internacional, deberían realizar consultas indígenas.

En cuanto al derecho a la salud, se constató la concentración de faenas productivas vinculadas a industria forestal que aumentaría el contagio con ETS, también alcoholismo y consumo de drogas.

Respecto del derecho a la tierra, se expone que constató la asignación de tierras a familias que provienen de otras provincias y regiones, hechas sobre títulos que otorgan derechos de propiedad a las comunidades de Mariquina.

Algunas de las recomendaciones entregadas por el INDH al estado fueron, el armonizar la legislación marco en materia medioambiental, en base a estándares de derechos humanos, además fortalecer los mecanismos formales de participación según los estándares internacionales.

Respecto del informe, Smart, señaló que podría servir como insumo para que las comunidades presenten acciones legales contra el estado y que de persistir las situaciones constatadas, el INDH también podría ejercer acciones judiciales.