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Distintas autoridades de la región de Los Lagos se refirieron a los ataques incendiarios perpetrados en la zona, los que si bien ocurren con menor frecuencia en comparación a otras regiones, cada vez se registran más al sur. Algunos opinan que son hechos aislados, mientras que otros acusan falta de control.
Un total de 342 atentados incendiarios asociados al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche cuantifica la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), cantidad registrada hasta el 2014 a nivel nacional, de estas solo dos han encontrado culpables, es decir, menos del 0,5%. Un conflicto que aseguran “por falta de control, escaló hasta Fresia”.
Y si bien, las máximas ex-autoridades y representantes de la región de Los Lagos indican que son pocos los casos registrados en la zona, discrepan frente al actuar del Ministerio Público. Mientras unos dicen que el resultado de las indagaciones no los dejan conformes, otros apuntan a retirar la región como parte del conflicto.
Ataques registrados en la región de Los Lagos
Así parte la historia de hechos de violencia rural en la región de Los Lagos. Enero del 2018, año nuevo, ataque incendiario a forestal de Río Negro, abandono de vehículo robado y quemado en San Juan de la Costa, y días después en San Pablo, quema de maquinaria agraria.
Y si bien se registraron varios más durante el 2019, sólo desde 2020 a la fecha se han contabilizado en torno a 10 casos.
De los últimos, uno marcó un quiebre, el hito del 17 de julio del 2021, cuando la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) declaró la guerra directa a forestales y al Estado de Chile, tras la muerte de su militante Pablo Marchant, durante un ataque armado.
Al día siguiente otros dos ataques son perpetrados en Río Negro, provincia de Osorno. El primero a las 03:17 en el Fundo el Mirador, explotación de forestal Arauco, y el siguiente a las 10:00 en Popoén, a máquinas de la empresa Huempeleo.
El 28 de octubre otro ataque se suma, un incendio en un predio de la Forestal Austral, en San Juan de la Costa.
El 24 de diciembre, este tipo de modus operandi traspasó la frontera provincial, escalando al sur de la región de Los Lagos, Fresia, y si bien aún no se ha determinado su vinculación con demandas de tierras, marcó el avance del conflicto.
El más reciente en tanto, se registró el 18 de febrero de éste año, en el predio Guacamapu, propiedad de forestal Arauco.
Autoridades
Radio Bío Bío conoció en voz de los principales interlocutores, sus posturas frente al avance de las causas y hechos de violencia.
Los primeros casos partieron bajo la administración del ex intendente, Leonardo de la Prida, quien los califica como “aislados”, que no requieren querellas, desestimándolos como parte del conflicto de la macrozona.
“Me parece un error tratar de Macrozona Sur todo un sector de nuestro país que tiene diferencias claras (…) Ha habido uno o dos hechos de violencia que no se han encontrado los resultados (…)”, expresó de la Prida.
En relación a las investigaciones, el actual convencional, Harry Jürgensen, aseguró que los avances en las indagatorias no lo tienen conforme, explicando que varias – tras su paso como representante de La Moneda en la zona – quedaron y siguen en curso.
“No se ha logrado determinar los responsables y ni se ha podido aplicar justicia en dos hechos que ocurrieron en la región de Los Lagos durante mi intendencia. Muchos de ellos quedaron en investigación y siguen en ello”, mencionó Jürgensen.
Por su parte el primer Delegado Presidencial en la Región, Carlos Geisse, relató que tras cada hecho violento se reunían con los afectados y con representantes de los gremios afines de la industria maderera, citas en las que se hablaba sobre cómo aumentar la seguridad de los recintos.
“Para poder disminuir u obstaculizar las distintas organizaciones que se atribuían estos hechos no comentan o no sigan cometiendo estos atentados”, señaló el delegado presidencial.
Pero, una postura distinta tiene la representación de los principales afectados. El gerente de la Acoforag, René Muñoz, dice que al Estado le ha faltado capacidad de acción para evitar la propagación de éstos hechos.
“No hay contrapeso del Estado, las instituciones del Estado no funcionan y Fiscalía con pésimo resultados”, indicó Múñoz.
Documentos
De las causas, a las que tuvo acceso Radio Bío Bío Puerto Montt, a través del sistema de búsqueda del Poder Judicial, algunas apuntan a intimidación, uso de armas de alto calibre, y se concentran en empresas forestales, agrarias y maquinaria de contratistas.
La mayoría están agrupadas, reservadas y las abiertas no exponen avance, tanto así que el Juez de Garantía de Río Negro, Matías Irribarra, solicitó el 15 de marzo que el Ministerio Público informe el estado de avance de la investigación derivada del atentado incendiario ocurrido el 18 de julio del 2021, para de lo contrario proceder a archivarla.
Al día siguiente el requerimiento fue respondido, indicando que la indagatoria está vigente.
Entre los ataques incendiarios, algunos han sido adjudicados públicamente o a través de lienzos por el Órgano de Resistencia Territorial (ORT) de HuIllimapu, ORT Kunko-Williche, Millalikan y Kalfulicán – todas de la CAM – y, la CAM Weichán Auka Mapu.
Radio Bío Bío intentó conocer la versión del Ministerio Público, pero pese a la espera para concretar entrevista, no hubo respuesta.
En la zona no se registra mayor avance en las indagatorias por los hechos de violencia, los que ocurren cada vez más al sur, vulnerando la tranquilidad de apartados sectores de la región de Los Lagos.
