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El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, denunció en su Cuenta Pública la dilación de audiencias en casos emblemáticos de violencia rural, como el del asesinato del suboficial Benavides, donde la preparación de juicio fue aplazada unas diez veces, prolongando el proceso por casi 28 meses desde la presentación de la acusación. Garrido alertó sobre problemas de gestión y abuso del derecho que debilitan las garantías ciudadanas. La diputada Gloria Naveillán y el diputado Henry Leal manifestaron preocupación, abriéndose a la posibilidad de legislar para evitar estas situaciones. La reiteración de aplazamientos afecta la justicia oportuna y mina la confianza en el sistema judicial, según Garrido, quien criticó la falta de respuesta del defensor regional ante estas problemáticas.
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El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, dedicó un capítulo de su Cuenta Pública a lo que llamó el problema de la dilación de las audiencias en casos emblemáticos de la denominada violencia rural.
Garrido dijo que en esa causa la Fiscalía dispuso de 197 días (aproximadamente 6,5 meses) luego de formalizada la investigación para presentar la acusación. Sin embargo, desde que se presentó dicha instancia hasta la audiencia efectiva de preparación de juicio oral transcurrieron 852 días (casi 28 meses).
A su juicio, la desproporción es considerable y preocupante, y refleja problemas de gestión, (y eventualmente de abuso del derecho) que pueden terminar debilitando el sistema de garantías para todos los ciudadanos.
La diputada por La Araucanía, Gloria Naveillán, también se mostró preocupada por este tema y se abrió a la posibilidad de legislar al respecto.
Crítica a la que también se sumó el diputado de la UDI, Henry Leal, asegurando que se trata de un abuso de las maniobras procesales de los abogados, llamando a legislar para terminar con estas situaciones.
El fiscal regional Roberto Garrido dijo que esta reiteración de aplazamientos afecta gravemente la posibilidad de brindar justicia oportuna y socava la confianza de la comunidad en el sistema judicial, prolongando el sufrimiento de las víctimas.
Radio Bío Bío intentó conocer la opinión sobre esta materia al defensor regional, pero no respondió a los requerimientos.
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