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La Corte de Apelaciones de Temuco decidió mantener en prisión preventiva al diputado desaforado Mauricio Ojeda Rebolledo, investigado por fraude al fisco en el Caso Convenios, específicamente en la arista Manicure. En la audiencia de revisión de la medida cautelar, su defensa buscaba cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario total, petición que fue rechazada al considerarse que la libertad de Ojeda representaba un peligro para la seguridad pública. El diputado se mantendrá en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. En la acusación se detalla que Ojeda habría facilitado fondos públicos para beneficio personal y de allegados, recibiendo cerca de $85 millones de los $730 millones destinados a cursos para mujeres vulnerables que nunca se realizaron. El fiscal regional de La Araucanía señaló que Ojeda cobraba un interés del 3% por los préstamos que entregaba, vinculando así los fondos públicos con sus propias cuentas.

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La Corte de Apelaciones de Temuco resolvió este lunes mantener la prisión preventiva que rige para el desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, investigado por fraude al fisco reiterado en la arista Manicure del Caso Convenios.

Esto se determinó en la audiencia de revisión de la medida cautelar solicitada por la defensa del parlamentario, donde su abogado Raúl Pérez Cofré buscaba rebajar la prisión preventiva a arresto domiciliario total.

No obstante, los integrantes de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, Cecilia Aravena, Georgina Gutiérrez y el abogado Luis Díaz, rechazaron el requerimiento de la defensa de Ojeda al considerar que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad.

Con esto, el diputado – exintegrante de la bancada del Partido Republicano – se mantendrá en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco.

El fiscal Carlos Cornejo se mostró conforme con la resolución de la Corte de Apelaciones y explicó la agravante de actuar en grupo o pandilla para defraudar al fisco, al que hace mención la resolución del tribunal de alzada.

Opinión completamente opuesta a la del abogado que representa a Ojeda, Raúl Pérez Cofré, al asegurar que la cautelar es injusta y calificó de “grave” la decisión tomada por la justicia.

El defensor penal particular sostuvo que sigue en pie la petición del traslado del desaforado parlamentario al penal de Capitán Yáber, en la Región Metropolitana, lo que deberá resolver gendarmería en los próximos días.

Acusación contra Ojeda

En la arista Manicure del Caso Convenios en la región de La Araucanía, se indaga el destino que tuvieron los 730 millones de pesos traspasados desde el Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc para realizar diversos cursos para mujeres vulnerables de Temuco y Padre Las Casas, los que finalmente no se ejecutaron.

La Fiscalía lo acusa de contactar personas y funcionarios públicos del GORE Araucanía para solicitar asesorías y gestiones para que las fundaciones Educc y Folab se adjudicaran proyectos.

También habría facilitado medios económicos para que la última fundación tuviese solvencia y así pudiese seguir postulando a fondos públicos. En 2022, de acuerdo con la investigación, el diputado proporcionó y gestionó financiamiento, a través de préstamos con intereses, por $85 millones.

Es más, entre los medios de prueba están las transferencias de fondos fiscales del Gobierno Regional que habían sido asignadas a la fundación y que se traspasaron directamente a la cuenta del diputado Ojeda.

El fiscal regional de La Araucanía detalló previamente que de los más de $700 millones que transfirió el GORE Araucanía para desarrollar los cursos para 200 mujeres vulnerables de Temuco y Padre Las Casas, cerca de $85 millones fueron a parar a las cuentas del parlamentario o de sus allegados.

Lo anterior es el monto que recibió por los préstamos con intereses que entregó y gestionó para dar una falsa solvencia a la fundación. “El interés que sostienen los testigos, que cobraba el diputado, era del 3%. Monto que estaba vinculado con la cantidad de dinero que se prestaba”, detalló el persecutor.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)