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La Fiscalía de Alta Complejidad (FIAC) presentó una acusación contra el empresario maderero Jaime Venturelli, su esposa e hijos, por maniobras fraudulentas que les permitieron evadir pagos a acreedores y más de 500 extrabajadores, por una suma que supera los 6 mil 600 millones de pesos. Este caso se enmarca en la declaración de quiebra de la empresa en 2019, tras décadas de operación en Lautaro, región de La Araucanía. El fiscal Carlos Cornejo lidera la investigación que apunta a una audiencia de preparación del juicio oral, con penas de cárcel cercanas a los 9 años. La acusación detalla acciones que perjudicaron a los acreedores de la compañía, solicitando penas altas para el empresario y penas menores para su familia. La audiencia está programada para el 20 de enero de 2025, con la participación de los abogados de bancos querellantes como Itaú, Scotiabank y Rabofinance.

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La Fiscalía de Alta Complejidad (FIAC) presentó la acusación en contra del empresario maderero, Jaime Venturelli, su esposa e hijos, por desplegar maniobras fraudulentas para evitar pagos a acreedores y más de 500 extrabajadores, por más de 6 mil 600 millones de pesos.

Esto ocurrió en el marco de la declaración de quiebra en 2019, tras 35 años de funcionamiento en Lautaro, donde tenía su casa matriz en la región de La Araucanía.

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La extensa investigación liderada por el fiscal Carlos Cornejo está a la espera de la audiencia de preparación del juicio oral, luego de la presentación de la respectiva acusación que incluye penas de cárcel que bordean los 9 años de presidio, tal como detalló el propio persecutor al ser consultado por Radio Bío Bío en Temuco.

“Fue presentada por la Fiscalía de Alta Complejidad la acusación contra cuatro imputados, indagados en un caso de insolvencia o quiebra de la empresa maderera Venturelli de la comuna de Lautaro, por diversos hechos asociados a acciones que realizaron para perjudicar a los acreedores de esa compañía“, explicó Cornejo.

En la acusación presentada piden casi 9 años de presidio para Jaime Venturelli González, quien ejercía como representante legal de la empresa; y penas menores para su esposa e hijos que también están acusados por los delitos ya detallados.

En el ámbito laboral, fueron demandadas las 11 empresas que controla la familia, para lograr que el grupo empresarial sea considerado como Unidad Económica al mantener numerosos RUT.

La audiencia de preparación del juicio oral en esta causa está agendada para el 20 de enero de 2025 a las 11:20 horas y en la misma participarán los equipos de abogados de los bancos Itaú, Scotiabank y Rabofinance en calidad de querellantes.