Fiscalía investiga a la UFRO por delitos asociados a la administración de recursos públicos

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía inició una investigación al interior de la Universidad de La Frontera (UFRO) por diferentes delitos asociados a la administración de recursos públicos.

La indagatoria surge a raíz de una denuncia presentada por la propia casa de estudios en contra de funcionarios que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos de falsificación de instrumento público, malversación de recursos públicos y administración desleal.

Esto tras diferentes hallazgos que arrojan seis auditorías internas que fueron presentados como medio de pruebas para la respectiva investigación, en que se detectaron diferentes irregularidades en el uso de recursos públicos desde 2022.

La vocera de la fiscalía de La Araucanía, Nelly Marabolí, confirmó que la indagatoria será coordinada por la Fiscalía de Alta Complejidad, donde se revisarán los resultados de la auditoría para establecer eventuales delitos y responsabilidades en medio de la crisis financiera de la casa de estudios.

Administración desleal

Antecedentes que se suman a otra denuncia, presentada esta vez por el diputado republicano Stephan Schubert, por el delito de administración desleal.

En ese sentido, el integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados dijo que se debe citar a declarar al ex rector Eduardo Hebel y al ex vicerrector de administración y finanzas, Jorge Petit.

Los antecedentes que expone Schubert se refieren a cuatro convenios de transferencias de recursos desde el Gobierno Regional de La Araucanía a la Universidad de La Frontera por cerca de $3.700 millones para ejecutar diferentes proyectos entre enero y junio del año pasado, como parte del Fondo de Innovación de Competitividad Regional, con toma de razón de contraloría.

Sin embargo, la casa de estudios para ejecutar los diferentes proyectos, suscribió otros convenios con la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico de La Araucanía, entidad fundada por la misma casa de estudios, lo que a juicio de contraloría es improcedente, ya que ejecutar los proyectos, era una tarea propia de la universidad.

Tampoco existió una toma de razón para traspasar dichos recursos a la fundación, antecedentes que derivaron en un sumario interno con el fin de establecer responsabilidades.