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La exfuncionaria del Gobierno Regional de La Araucanía, Susan Alarcón Rubilar, se mantuvo prófuga de la justicia por cinco días al no ingresar a la cárcel para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva, siendo formalizada por fraude al Fisco y cohecho en la arista Manicure del Caso Convenios. El Ministerio Público activó una alerta internacional para su detención, mientras el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, lamentó el riesgo de fuga previamente advertido. A pesar de las solicitudes de prisión preventiva, la imputada se encuentra en libertad en la causa Fundación Local, generando un revés para su defensor penal público, Renato González Caro.
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El Ministerio Público confirmó que hay una alerta internacional por la exfuncionaria del Gobierno Regional de La Araucanía, Susan Alarcón Rubilar, quien cumple cinco días prófuga de la justicia luego que no ingresó a la cárcel a cumplir con la cautelar de prisión preventiva.
Cinco días prófuga de la Justicia cumplió este lunes la exfuncionaria del Gobierno Regional de La Araucanía, Susan Alarcón Rubilar, quien se encuentra formalizada por fraude al Fisco y cohecho en la arista manicure del Caso Convenios.
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, dijo que si bien, no hay antecedentes para afirmar que Susan Alarcón salió del país, se activó una alerta internacional para poder detenerla donde se encuentre.
Peligro de fuga
Además, Garrido indicó que lamentablemente se concretó el riesgo que hicieron presente en las diversas revisiones de prisión preventiva que se realizaron en el Juzgado de Garantía de Temuco, donde el fiscal Carlos Cornejo sostuvo que había peligro de fuga.
Cabe mencionar que, Susan Alarcón Rubilar se encuentra imputada en la arista Manicure y Fundación Local, pero en esta última causa ni en el Juzgado de Garantía ni la Corte de Apelaciones de Temuco acogieron la petición de la Fiscalía donde se solicitó prisión preventiva para la imputada.
En ese contexto, la condición de prófuga de Susan Alarcón fue un duro revés también para el defensor penal público regional, Renato González Caro, quien siempre alegó en tribunales que no había peligro de fuga de su representada.
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