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El Gobierno ha decidido remover a Juan Pablo Leonelli de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, tras su detención en el marco de las investigaciones por el Caso Convenios, donde se indaga un fraude de $730 millones destinados a fundaciones para capacitaciones que nunca se realizaron. La decisión de relevo cuenta con el acuerdo de la propia Comisión, y en su lugar asume Nicolás Figari Vial, abogado y experto en materias indígenas. El Ejecutivo espera que las situaciones judiciales sean esclarecidas y, de confirmarse responsabilidades penales, se apliquen las máximas sanciones establecidas por la ley.

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Este lunes, el Gobierno informó que decidió remover a Juan Pablo Leonelli de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, esto tras su detención en medio de las indagatorias por el Caso Convenios.

A través de un comunicado, desde el Ejecutivo precisaron que la decisión que involucra al exjefe de Gabinete del gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, “cuenta con el acuerdo de la propia Comisión”.

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En específico, Leonelli fue capturado por personal de la Policía de Investigaciones en el marco de diligencias de la arista “Manicure” del bullado caso.

En esta última, se indaga el fraude de $730 millones, recursos transferidos desde el Gobierno Regional a las Fundaciones Folab y Educc para realizar capacitaciones para mujeres vulnerables de Temuco y Padre Las Casas, las que nunca se realizaron.

Volviendo a lo resuelto desde La Moneda, agregaron en la misiva que en reemplazo de Juan Pablo Leonelli “asume el señor Nicolás Figari Vial, abogado de la Universidad de Los Andes y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Nottingham”.

El ámbito profesional, apuntaron que Figari “se desempeñó como asesor en materias indígenas en la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía en 2016″.

A su vez, previo a su designación en reemplazo de Juan Pablo Leonelli, el abogado era parte del Comité de Expertos de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

En lo referido en la detención de Leonelli, el Gobierno aseveró esperan que situaciones del ámbito judicial “sean completamente esclarecidas, y en caso de acreditarse responsabilidades penales, que se apliquen las máximas sanciones que establece la ley”.