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Concejales de Loncoche presentaron un requerimiento al Tribunal Electoral Regional solicitando la destitución del alcalde Alexis Pineda, argumentando notorio abandono de deberes y quebrantamiento grave a la probidad administrativa. Los concejales Nelson Vásquez y José Soto detallaron su petición basada en eventos como la detención de Pineda por conducir ebrio en abril de 2022, utilizando un vehículo municipal para fines personales. Mientras tanto, la Contraloría General de la República detectó irregularidades adicionales, incluyendo contratación de una funcionaria con vínculo político y actividades inapropiadas del asesor jurídico.

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Concejales de Loncoche presentaron un requerimiento al Tribunal Electoral Regional solicitando la destitución del alcalde Alexis Pineda, argumentando un notable abandono de sus deberes y el quebrantamiento grave a las normas de la probidad administrativa.

Se trata de los concejales Nelson Vásquez y José Soto, quienes ingresaron este documento detallando diferentes sucesos.

El primero de ellos corresponde a lo que ya es de público conocimiento y que ocurrió el 28 de abril del 2022. Ese día Alexis Pineda fue detenido por carabineros tras ser sorprendido manejando en estado de ebriedad por la Ruta 5 Sur en la comuna de Gorbea. Incluso arremetió el vehículo que manejaba en contra del dispositivo policial.

Posterior al hecho, la Contraloría General de la República inició una investigación detectando graves irregularidades. En concreto se evidenció que el vehículo que conducía era municipal, y que lo usaba para fines particulares, ya que se desplazaba de Loncoche a Temuco para asistir a clases en la Universidad Santo Tomás.

Con esta información y lo expuesto en este documento, se solicitó la destitución de Pineda ante el Tribunal Electoral Regional. El concejal José Soto, tildó estos antecedentes de “graves”, calificando al alcalde de “dictador”.

“El alcalde, él se cree el dueño y señor, yo digo que es un dictador, hace lo que él estime conveniente, ya no le pregunta a nadie, a nosotros nunca nos ha preguntado nada”, sentenció Soto.

Por su parte, la concejala Adriana Quintana, quien no pudo adherir esta solicitud de manera formal en el documento puesto que su carnet no se encontraba al día, dijo que el deber del Concejo Municipal es resguardar el uso de los recursos.

Tanto José Soto como Adriana Quintana esbozaron críticas a los otros integrantes del concejo, en este caso el UDI, Víctor Vejar; Nelson Castillo de Evópoli, y Matias Cuitiño de la Democracia Cristiana, por su inacción ante estos antecedentes.

Por si fuera poco, el ente contralor detectó la contratación de una funcionaria que tenía un vínculo de parentesco con un concejal. Además evidenció que el asesor jurídico del municipio tramitó escritos electrónicos y participó en audiencias como abogado en causas particulares, en horarios en que debía realizar labores al interior de la casa edilicia.

En paralelo a esta solicitud de cese del cargo, que fue presentada y acogida por el Tribunal Electoral Regional, la Corte Suprema debe resolver una apelación de Alexis Pineda, respecto a la sanción que le propinó la Contraloría en septiembre del año pasado ordenando su destitución, un proceso que está en tabla, pero se ha ido dilatando.