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El Juzgado de Garantía de Purén determinó prisión preventiva para 4 imputados por robo con intimidación en carácter consumado y reiterado, integrantes de un grupo armado que asaltaba conductores en la ruta Los Sauces-Contulmo. Los cinco detenidos fueron capturados en allanamientos simultáneos realizados por la PDI en Purén y Cañete. La investigación liderada por la Fiscalía Local de Angol, busca esclarecer seis robos violentos a conductores de vehículos ocurridos en 2023. La jueza de garantía, Sandra Nahuelcura, destacó la presunción de participación en los ilícitos de los detenidos. Un quinto sospechoso fue formalizado por tenencia ilegal de municiones, quedando en arraigo nacional. La Fiscalía tiene tres meses para determinar si hay elementos suficientes para presentar acusaciones.

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Los sujetos, se bajaban en plena ruta con armas de fuego e intimidaban a los conductores para llevarse sus vehículos.

El Juzgado de Garantía de Purén, región de La Araucanía, decretó prisión preventiva para cuatro imputados por el delito de robo con intimidación en carácter de consumado y reiterado.

Según las diligencias de la PDI y el Ministerio Público, se trata de integrantes de un grupo armado que asaltaba conductores en la ruta que une Los Sauces con Contulmo, para robarle sus vehículos.

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Los cinco imputados fueron aprehendidos en allanamientos simultáneos realizados la madrugada del lunes por personal de la PDI en Purén y Cañete.

Esta diligencia corresponde a una causa que investiga la Fiscalía Local de Angol por una serie de robos violentos a conductores de vehículos que se registraron durante el año 2023 y que suman seis hechos.

El fiscal Marco Pavez, encargado de indagar este caso, habló de cómo operaba este grupo armado.

Por su parte, la jueza de Garantía de Purén, Sandra Nahuelcura, detalló que permite entender que existe presunción fundada de participación en los ilícitos de los detenidos.

En esta causa, una quinta imputada ya fue formalizada por tenencia ilegal de municiones.

Para ella se decretó la medida cautelar de arraigo nacional.

El tribunal fijó un plazo de tres meses de investigación, para que la Fiscalía realice las diligencias y determine si hay elementos suficientes para acusar.