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En prisión preventiva y formalizado por homicidio, lesiones graves y menos graves con dolo eventual, quedó el conductor que protagonizó un trágico volcamiento donde murieron tres estudiantes del Colegio San Sebastián de Perquenco, en la Región de La Araucanía.
Por más de una hora se extendió la audiencia de formalización contra el chofer Benjamín Toledo Ibarra en el Juzgado de Garantía de Curacautín, instancia donde el Ministerio Público mostró a la magistrada un video grabado por uno de los pasajeros y que evidencia el exceso de velocidad.
EL fiscal Iván Isla, precisó que “se expuso en el tribunal diversas declaraciones, fundamentalmente de menores que transitaban por este bus que solicitaban que disminuyera la velocidad. Los niños se percataron que la velocidad que imprimía este vehículo en este sector, que es uno de curvas, con pendiente, no era el adecuado y frente a ello, el conductor desatiende esta situación y continúa su marcha”.
Dicha información fue corroborada por el informe preliminar de la SIAT de Carabineros que estableció como causa basal la conducción imprudente por exceso de velocidad.
Verónica Zapata, madre de de una de las víctimas fatales, aseguró que “nosotros tenemos un gran dolor y necesitamos solamente que se haga justicia, además para que no sigan ocurriendo las negligencias que hubieron acá para otros escolares”.
El accidente de tránsito se registró el pasado viernes en el kilómetro 40 de la ruta CH-181, cuando los menores se dirigían a un viaje de estudios a la localidad de Malacahuello.
Recordar que la jornada del sábado, Toledo pasó a control de detención por su eventual responsabilidad en el incidente, instancia donde el tribunal determinó ampliar la medida cautelar de prisión preventiva a la espera del preinforme de la SIAT de Carabineros y del Servicio Médico Legal.
En base a los antecedentes recabados por el Ministerio Público se estableció que el bus operaba con un permiso de circulación falso. Además, en un periodo de cinco años, registraba 140 multas, de las cuales 83 estarían impagas.
El tribunal fijó cinco meses de plazo para la investigación.
