Una mujer acusó a un religioso de la diócesis de Villarrica por incumplir el contrato de arriendo de una casa, que estaba destinada a albergar inmigrantes haitianos.

Se trata de una vivienda de dos pisos ubicada en calle Antirrayén, población Diego Portales, la que fue arrendada en octubre de 2017 por Luis Cornejo en representación de un grupo de laicos.

El objetivo era facilitar el inmueble a 12 personas haitianas que se encontraban en la zona sin trabajo y viviendo en la vía pública.

La propietaria de la casa, Marisol Águila, dijo que el contrato tenía una vigencia de seis meses, pero que los últimos 30 días no fueron pagados por quien lo firmó. El argumento que obtuvo fue que se les estaba haciendo difícil conseguir el dinero para continuar con el acto de beneficencia.

Sin embargo, la mujer indicó que fueron los extranjeros quienes tuvieron que pagar ese último mes, pero que se negaron a abandonar la casa hasta que los amenazó con llamar a la Policía de Investigaciones.

Luego de su partida, Águila denunció que fueron múltiples las pérdidas y daños que sufrió el domicilio, recalcando que le robaron desde las camas hasta las ampolletas. Además, señaló que quedaron cuentas pendientes de luz y de agua.

La afectada cuestionó que hasta el momento nadie se haya hecho responsable de la pérdida de los enseres de su casa y aseguró que debió desembolsar cerca de 2 millones de pesos en reparaciones.

Por otro lado, Claudio Albornoz, una de las personas involucrada junto a otros laicos de Villarrica en habilitar la vivienda para inmigrantes haitianos, explicó que Luis Cornejo -persona que firmó el contrato- abandonó la congregación a la que pertenecía y se fue al extranjero.

Lo anterior, significa que la única persona que podría hacerse responsable está inubicable y la propietaria de la vivienda desconoce la identidad de los inmigrantes que se llevaron las pertenencias de su casa.

Albornoz expresó que la idea era ayudar a estas personas por un breve periodo y sólo hasta que consiguieran trabajo y un lugar estable para vivir.

Mientras habitaban este inmueble les solicitaban hacer un fondo común mensualmente para comprar alimento y pagar las cuentas de a luz, agua y gas.

Esta es la misma casa donde a fines del año pasado explotó un calefont, el que dejó con el 90% de su cuerpo quemado a un joven haitiano de 25 años, quien falleció producto de las graves lesiones.