A la fecha, en la Región de Coquimbo existen 8 viviendas obtenidas a través de subsidio de viviendas recuperadas en Los Vilos y 2 departamentos en Coquimbo. A su vez, existen otros 20 inmuebles en un proceso judicial abierto por el Minvu y el Serviu para ser rescatados durante este año.

Una situación que se ha estado investigando, en la que beneficiarios de subsidios de viviendas sociales, tras acceder a ellas, las venden o arriendan a terceras personas, que son ajenas a los grupos familiares favorecidos.

Esta práctica es ilegítima, dado que desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) recalcaron que dichos inmuebles deben ser habitados personalmente por los beneficiarios del subsidio o sus familiares declarados al momento de la postulación, a lo menos durante cinco años desde su entrega.

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A la fecha, en la Región de Coquimbo, existen 8 viviendas recuperadas del Lote Vista Hermosa de Los Vilos y 2 departamentos en el Condominio La Cantera, en Coquimbo.

A su vez, existen 20 casas y departamentos que se encuentran en medio de un proceso judicial abierto por el Minvu y el Serviu para ser recuperadas durante este año.

Cómo recuperan las viviendas

Consultados, desde los organismos pertinentes indican que se trabaja en terreno, conforme a lo estipulado en la Resolución EX. N°1 del cinco de enero de 2016, que aprueba los procedimientos de Fiscalización de Inmuebles del Serviu Región de Coquimbo, a través Ministros de Fe designados por resolución.

En la actualidad, informan a El Día, se están fiscalizando principalmente los Loteos adscritos a los subsidios DS 49 y los correspondientes a condominios DS 19 cuando llegan denuncias.

“Tenemos un plan de fiscalización que lo generamos en el año, donde tenemos previsto fiscalizar 25 proyectos con 2.950 viviendas. Entre las adquiridas hay un 100% con subsidio como aquellas que son parte del programa de integración”, expresó Ángelo Montaño, director regional de Serviu, agregando que además, existen 150 viviendas fiscalizadas pertenecientes al programa de arriendos.

“Este plan busca fiscalizar las viviendas y buscar las condiciones del cumplimiento a los programas a los cuales fueron aprobadas”, agregó el funcionario.

Montaño explica que lo que se inspecciona es que la vivienda deba ser habitada personalmente por el beneficiario del subsidio o por miembros de su núcleo familiar declarado al momento de su postulación, a lo menos durante cinco años contados desde su entrega material.

“El no habitarla, arrendarla, cederla o darle cualquier otro destino que no sea el habitacional se califica como infracción”, señala.

En ese sentido, reveló que llama la atención el escenario que se observa en Los Vilos y Coquimbo. “Más que estar vendiéndolas, estas casas no están siendo usadas, o están arrendadas”, aseguró.

Qué pasará ahora

Sólo en casos debidamente justificados y por resolución fundada, a solicitud del beneficiario del subsidio o de quien pueda sucederlo en sus derechos, el Serviu podrá autorizar la enajenación, el gravamen, o cesión del uso y goce de la vivienda antes del vencimiento del plazo de las referidas prohibiciones.

La autoridad de vivienda sostiene que para que estos inmuebles sean destinados existe un procedimiento ministerial para asignarlas a las familias que realmente lo necesitan.

“Este trámite debería demorar menos de seis meses desde que se recupera y es entregada a otra familia (…) algunas familias ponen acciones judiciales y demora unos tres años en promedio, pero en rigor de las acciones que hemos interpuesto, casi todas han sido favorables, ya que la documentación es muy clara”, sostiene el director del Serviu.

Montaño indica que las fiscalizaciones son aleatorias y que se visita la vivienda en tres oportunidades para constatar el estado de la vivienda e, incluso, existe un periodo de apelación en que la familia puede entregar información.

“Las personas a las que se les quita la vivienda, quedan marcadas y no pueden acceder a ningún otro tipo de beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, subrayó. Por lo mismo, el director del Serviu manifestó que las fiscalizaciones han ido creciendo de acuerdo a la entrega de subsidios.

“Los comités de viviendas nos solicitan que fiscalicemos el buen uso de las viviendas”, aseguró la autoridad.