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Durante este lunes se formalizó a tres individuos privados de libertad que tramaban un atentado explosivo contra el Juzgado de Garantía y el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, vinculados a Los Gallegos, una organización criminal. Dos de los acusados eran miembros de dicha banda, mientras que el tercero estaba vinculado a otra organización afín. El Ministerio Público señala que planificaban la colocación de artefactos explosivos en los tribunales, con la ayuda de personas externas no identificadas. Este grupo es parte del Tren de Aragua y recientemente enfrentó un juicio condenatorio de 34 miembros, lo que podría haber motivado el atentado como represalia. También se planeaba un ataque al penal de Arica para facilitar la fuga de posibles miembros de la organización. Los acusados enfrentan cargos terroristas por intento de atentado, y se estableció un plazo de 200 días para la investigación.

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Durante la jornada de este lunes, se formalizó a tres sujetos -privados de libertad- que planificaban un atentado explosivo contra el Juzgado de Garantía y el Tribunal Oral en lo Penal de Arica. Estos estarían vinculados a la organización criminal Los Gallegos.

Según informó Emol, dos de los imputados -uno condenado y otro detenido- eran miembros de la banda, en tanto, el tercero -también condenado- integraba una organización vinculada a esta.

Estos, según el Ministerio Público, planificaban la colocación de artefactos explosivos en los tribunales, junto a personas externas que -de momento- no se han identificado.

Recordemos que Los Gallegos es una de las principales células del Tren de Aragua que opera en el extremo norte del país, y hace poco sufrió un juicio condenatorio en contra de 34 de sus miembros. En ese contexto, el atentado vendría a ser una represalia por dichas condenas.

Además, según el citado medio, también se planificaba un atentado contra el penal de Arica, con tal de facilitar la fuga de los eventuales miembros de la organización criminal.

Finalmente, a los formalizados se les imputaron delitos de carácter terrorista en grado de atentado, fijándose un plazo de 200 días para la investigación.