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El Tribunal Oral en lo Penal de Arica comenzó una jornada clave en el juicio contra Los Gallegos, célula del Tren de Aragua en Chile, revisando los 22 hechos de la acusación y solicitando 11 penas de presidio perpetuo para imputados y otras penas que suman 200 años para los demás, condenando a 34 personas y absolviendo a 4 de 38 imputados. En un proceso de seis meses con extrema seguridad por amenazas de bombas, se destaca la calidad de "empresa" delictiva de Los Gallegos, revelando un sistema financiero paralelo y crueles crímenes como una casa de torturas y un cementerio. Además, se resalta la absolución de tres mujeres enfocada en la perspectiva de género según la Defensoría Penal Pública.

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Desde las 10:00 de la mañana, el Tribunal Oral en lo Penal de Arica inició una jornada clave en el juicio contra Los Gallegos, célula del Tren de Aragua que opera en la zona norte del país.

En la extensa lectura, que compone el juicio más grande contra el crimen organizado en Chile, se revisaron los 22 hechos incluidos en la acusación. Así, se solicitaron 11 penas de presidio perpetuo para 11 imputados, y otras penas que suman 200 años para los demás. En el detalle, Fiscalía obtuvo las siguientes condenas:

-Asociación ilícita
-Trata de personas
-Tráfico de drogas
-Tráfico de armas
-Porte ilegal de armas prohibidas y tenencia
-2 homicidios frustrados a carabineros
-Delito de tráfico del art. 4 en sede de Gendarmería
-2 delitos de homicidio calificado y simple
-Delitos de amenazas a gendarmes y PDI

De esta forma, la sesión finalizó con 34 condenados y 4 absueltos de los 38 que eran imputados en el juicio. Entre los imputados, 29 son hombres, 9 son mujeres, y en total 34 son de nacionalidad venezolana.

Fueron 86 jornadas que se extendieron por seis meses. En estas, Fiscalía presentó más de 35 testigos, entre los que se encuentra el denominado D1, un agente de la PDI que se infiltró a la asociación ilícita y cuyo trabajo fue descrito en un reportaje de BBCL Investiga.

La magnitud del caso fue tal, que en los seis meses se recibieron amenzas de bombas en el Tribunal, por lo que Fiscalia extremó medidas de seguridad por amenazas.

La “empresa” delictiva de Los Gallegos

En otro punto, fuentes al interior del equipo investigador destacan que las condenas se realizaron por “asociación ilícita”, lo que acredita la calidad de “empresa” delictiva de Los Gallegos.

Sin ir más lejos, a lo largo del juicio se expusieron los libros contables en donde los miembros dejaban constancia de todos sus ingresos y egresos. Aquí figuran pagos a trocheros (o coyotes), ubers, viáticos, transacciones de drogas y cobro de vacunas (o impuestos) a víctimas de explotación sexual.

Precisamente en los alegatos de clausura, el Ministerio Público hizo hincapié en la instalación de un Estado paralelo en el Cerro Chuño. Tal como reveló BBCL Investiga, Los Gallegos instauraron un sistema financiero, tributario y hasta legal en la frontera norte chilena.

Además, la asociación ilícita se destacó por crueles crímenes entre los que destacan la instauración de una casa de torturas en Arica, además de un cementerio con cuerpos que aún no han podido ser hallados.

Los cuatro absueltos

En tanto, desde la Defensoría Penal Pública destacaron la absolución de cuatro de los imputados, de los cuales tres son mujeres. Así, señalaron que “el fallo del tribunal se basó en la sólida labor del equipo de defensores y defensoras penales públicos, quienes en el caso de las mujeres plantearon desde el inicio de la investigación una estrategia basada en la perspectiva de género”.

“Argumentaron que las mujeres absueltas no eran partícipes activas de los delitos imputados, sino víctimas de una organización criminal. Este enfoque fue determinante para desmontar la acusación del persecutor y marcar un precedente en el caso”, agregaron.

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Al respecto, el defensor regional, Sergio Zenteno Alfaro, destacó que la decisión “evidencia el compromiso de la Defensoría Penal Pública con los derechos fundamentales de las personas”.

“La prisión preventiva, especialmente en contextos de vulnerabilidad como el de estas mujeres, debe ser aplicada con extrema prudencia. Haber pasado dos años privadas de libertad sin pruebas concluyentes es un llamado a reforzar la presunción de inocencia en todos los procesos penales”, concluyó.