El fiscal nacional Ángel Valencia ordenó la apertura de una causa penal por la divulgación de la identidad de 57 testigos protegidos y agentes encubiertos que permitieron la caída de la célula del Tren de Aragua, Los Gallegos. Si bien la indagatoria es "contra quienes resulten responsables", todas las miradas apuntan al juez Héctor Barraza, quien -en una tensa audiencia, tal como reveló BBCL Investiga- no escuchó y excluyó al persecutor titular de la causa.
La Fiscalía Nacional ordenó la apertura de una investigación por la entrega de las identidades de testigos protegidos que han colaborado en la causa penal contra Los Gallegos, célula del Tren de Aragua que echó raíces en Arica.
De acuerdo a información recopilada por BBCL Investiga, la indagatoria es contra todos quienes resulten responsables por la divulgación de antecedentes que ponen en peligro a informantes e incluso agentes encubiertos de la policía que participaron de las diligencias.
Esto, en virtud del artículo 246 bis del Código Penal que castiga a servidores públicos que revelen hechos ventilados en un procedimiento judicial que esté bajo reserva.
El funcionario público que revelare o consintiere que otro tomare conocimiento de uno o más hechos ventilados en un procedimiento judicial o administrativo sancionatorio o disciplinario en el cual le hubiere correspondido intervenir bajo un deber de reserva será sancionado con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales.
- Artículo 246 bis
Fiscal regional a cargo
Según fuentes consultadas por este medio, la causa quedará en manos del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, algo que fue ratificado en un comunicado enviado desde el Ministerio Público a través de un comunicado.
Él será el encargado de “dirigir esta indagatoria y ejercer la acción penal si corresponde, además de garantizar la protección de las víctimas y testigos, en caso de ser necesario y procedente”, expresaron.
“A partir de este momento me abocaré a hacer las diligencias que corresponden”, aseguró el persecutor Arancibia.
El caso
La situación que ahora tiene en la mira del Ministerio Público al magistrado Barraza tuvo lugar este miércoles, en medio de una audiencia de cautela de garantías en la que se debatió la entrega de las identidades de 57 testigos y funcionarios policiales que han prestado ayuda en la causa.
Tal como reveló BBCL Investiga, fue en dicha instancia en que el juez Héctor Barraza desechó la posibilidad de alegar al fiscal titular de la causa del clan “Los Gallegos” al no estar presencialmente en el tribunal. Tanto fue el hecho que el Ministerio Público debió enviar a otro persecutor, tras un receso, a explicar que su par estaba autorizado para conectarse a la audiencia de forma telemática.
La tensa audiencia tuvo como resultado lo ya conocido: el juez Barraza accedió a la solicitud de las defensas de los imputados y dio lugar a que la identidad de testigo y agentes encubiertos de las policías que han servido para ir desmantelando a la peligrosa red criminal transnacional que opera en el extremo norte. Situación que no pasó desapercibida en el mundo judicial y político.
Una decisión que fue rápidamente revertida por la Corte de Apelaciones de Arica, en falló unánime. Pese a ello, al menos dos abogados de la Defensoría Penal Pública (DPP) tuvieron acceso a la información catalogada como altamente sensible.
“Será manejada de manera seria”
Desde la misma institución salieron a aclarar los hechos a raíz del revuelo que tomó la decisión del juez Barraza.
“En el contexto del recurso de protección presentado por el Ministerio Público en contra de la decisión del juez de garantía de dar acceso a la defensa a las identidades de testigos protegidos, resulta importante aclarar que la información ha sido entregada a defensores penales públicos -quienes ejercen una función pública- para su utilización en el marco del ejercicio del derecho a defensa”, señaló el defensor regional de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno.
Y agregó que “la misma será manejada de manera seria y responsable, resguardando -en todo momento- su confidencialidad como la obligación ética y legal que tiene todo interviniente en el proceso penal”.
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