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Con el estallido social del 18 de octubre, uno de los delitos que más se multiplicó en el país fue el ‘saqueo’ a locales comerciales, sean grandes o pequeños. Hasta la fecha, el Código Penal no tipifica el delito como tal y quienes cometen la acción son generalmente procesados por robo en lugar no habitado o receptación.
En las últimas semanas la comisión de este delito en particular bajó considerablemente en todo el país, salvo en una región: la de Antofagasta.
Allí, autoridades y empresarios ven con preocupación cómo grupos de personas se organizan semana tras semana para atacar locales y sustraer cualquier especie posible.
Sin duda el delito afecta al comercio transversalmente, viéndose mayormente perjudicadas las Pymes que no cuentan necesariamente con la espalda financiera para enfrentar la situación.
El supermercado predilecto
Pese a ello, un caso que llama particularmente la atención en Antofagasta es el de una sucursal de Unimarc ubicada en la Avenida Pedro Aguirre Cerda con calle Cabo Juan Santana. Según cifras de Carabineros, confirmadas por la Gobernación Provincial y el municipio, este supermercado ha sido saqueado en 17 oportunidades.
A pesar de lo anterior, fuentes de la compañía confirmaron a BioBioChile que, por ahora, se descarta un cierre definitivo del local que desde el 31 de diciembre no ha vuelto a abrir sus puertas al menos oficialmente.
Antofagasta “sin Dios, ni Patria”
Consultada por el alto índice delictual en la ciudad, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo (UDI), calificó el escenario como grave.
“Es una situación muy preocupante, porque en vez de ir disminuyendo el grado de violencia, a medida que pasan los días, la agresividad ha ido aumentando“, indicó la jefa comunal a BBCL.
En paralelo, Rojo hizo un enérgico llamado a condenar la violencia, lo que a su juicio, sería el primer paso para disminuir la ocurrencia de este y otros delitos asociados al estallido social.
“Nosotros como municipalidad y yo como alcaldesa hemos condenado la violencia venga de donde venga. Lamentablemente no todos se han sumado a este llamado con énfasis”, subrayó.
En la misma línea, criticó el rol que han jugado las autoridades del nivel central y el Parlamento.
“Es todos los días algo… y eso te llama la atención que hoy día ni el Ejecutivo ni el Parlamento tenga una propuesta clara que permita darnos certezas y seguridad”, acotó.
“Me da mucha pena que alguna autoridad tenga desidia de enfrentar esta situación, como que no les importara que en Antofagasta llegáramos al extremo de no tener ni Dios ni Patria“, acuñó la autoridad comunal.
Rojo aseguró que a esta altura ya no se ilusiona con que las autoridades encargadas del orden público logren frenar la delincuencia, al tiempo que lanzó dardos en contra del Gobierno Central.
“Yo no espero mucho ya del Gobierno Regional, han estado ausentes (…) Me preocupa que el Gobierno (a nivel central) esté tan vacío en materia de seguridad, no tienen un plan de trabajo”, argumentó.
Para la alcaldesa, la salida a esta crisis pasa por buscar acuerdos más que por aumentar la dotación policial o endurecer las leyes.
¿Gobierno Regional ausente?
Nuestro medio se comunicó con la gobernadora de la provincia de Antofagasta, Katherine López (UDI), quien no comparte el mismo análisis del municipio asegurando que se han esforzado al máximo por restablecer el orden público.
“Desde el primer día hemos estado trabajando como Gobierno junto con las policías y también trabajando con lo que es la Fiscalía, entregando todos los antecedentes que nosotros tengamos para que ellos puedan obtener mejores resultados”, parte señalando la autoridad del otro lado del teléfono.
En la misma dirección del discurso oficial de La Moneda, la gobernadora hace hincapié en que respetan las razones que llevan a la gente a manifestarse, aunque enfatiza en que “los desórdenes públicos generan todas las condiciones necesarias para que se den los saqueos o destrucción de mobiliario público”.
Además, López destaca que junto a la Intendencia han presentado varias acciones judiciales, incluso invocando la Ley de Seguridad del Estado, para frenar la comisión de delitos y destrozos de los que incluso ha sido víctima la sede del Gobierno Regional.
Esperanza en la Ley Antisaqueos
Junto con ello, la administradora pública de profesión apuntó a la importancia que tendrá, en caso de prosperar, la denominada Ley Antisaqueos que impulsa el Ejecutivo. Empero, el proyecto no ha logrado generar consenso en el Congreso, pues el Senado aprobó con modificaciones el texto que ahora tendrá que ser votado nuevamente en la Cámara de Diputados, donde se avizora más de uno que otro problema.
Para la sumatoria, parlamentarios del Frente Amplio amenazaron con llevar la propuesta al Tribunal Constitucional en caso de que se apruebe.
“La Ley Antisaqueos es bastante beneficiosa para Antofagasta por lo que estamos viviendo. Esa ley nos va a venir a apoyar como herramienta”, comentó la autoridad, toda vez que la normativa busca endurecer las penas en contra de quienes cometan el delito.
Consultada respecto a la afirmación de la alcaldesa Karen Rojo, la gobernadora admitió errores pero recalcó que por ganas de hacer bien las cosas no se han quedado.
“Nos pueden decir que hemos hecho las cosas mal, pero lo que no nos pueden decir es que no hemos hecho nada. No nos hemos quedado por esfuerzo”, precisó.
¿Problema de identidad?
Mientras, sobre las razones que mantienen a la zona como una de las más conflictivas a nivel nacional, la autoridad provincial expresó un diagnóstico particular.
“Hay muchos factores, dentro de eso una de las cosas que nos están afectando es que muchas de las personas que están realizando esto no tienen identidad por Antofagasta. No se sienten identificado por Antofagasta y la verdad que el cariño que en otras partes del país tienen por sus comunas, hoy día aquí en Antofagasta ha sido sumamente escaso”, manifestó.
“Todos sabemos que Antofagasta tiene una población que gran parte viene de afuera, viene en busca de mejores oportunidades, viene en busca de trabajo, por lo tanto no necesariamente tiene que sentirse identificada y querer a esta región como la queremos mucho”, añadió.
La fiscalía especializada
En este complejo escenario, intentamos obtener una versión de la Fiscalía Regional de Antofagasta comandada por Alberto Ayala Gutiérrez. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación declinaron referirse al tema específico argumentando que los datos se darían a conocer con posterioridad.
Quien sí accedió a conversar sobre la situación fue el jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Foco Investigativo del Ministerio Público en la región, fiscal Juan Castro Bekio.
Castro, de vasta trayectoria en el órgano persecutor, entregó algunas cifras sobre las diligencias y detenidos por saqueos, luego que el 24 de octubre se decidiera abrir ese foco investigativo.
Además, aclaró que la unidad que dirige tiene como fin hacerse cargo de un fenómeno criminal específico, funcionando con una dinámica distinta a la usada por las fiscalías locales.
En concreto, dicha repartición se encarga de investigar el trasfondo del delito objetivo, mas no a formalizar a detenidos en flagrancia, pues de aquello se ocupan las fiscalías locales.
“Nuestra apuesta era buscar a aquellas personas a las cuales se les estaban llevando las especies, que estaban acopiando, que las estuvieran vendiendo o las estuvieran trasladando en cantidades importantes”, precisó el persecutor.
Aclarado este punto, el fiscal Castro dio detalles y algunos números cotejados entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre por su unidad, que sirven como contexto para entender la forma en que se ha trabajado desde el área de persecución penal, criticada en varias oportunidades por el Gobierno.
“Formalizamos en el contexto del foco ‘saqueos’ el total de 227 personas, obteniendo distintas medidas cautelares; 30 prisiones preventivas, lo que es un porcentaje bastante elevado en relación al número que se obtiene de prisiones preventivas en delitos de esta naturaleza, que no tienen penas muy altas”, señaló.
Del total de saqueadores formalizados por la fiscalía de foco en Antofagasta, un 6% corresponde a menores de 18 años y un 11% a ciudadanos extranjeros.
En tanto, alrededor de un 50% de los imputados registraba condenas anteriores por delitos de similares características, principalmente en contra de la propiedad privada, detalló Castro Bekio.
Sobre el ámbito legislativo, el fiscal calificó como “una modificación bastante importante” la que se pretende hacer con la Ley Antisaqueos, aunque remarcó que mientras no se apruebe seguirán trabajando con las herramientas que actualmente le entrega el Código Penal.
“Hemos procurado usar todos los tipos de técnicas de investigación que nos permite la ley”, insistió.
Por último, invitó a la ciudadanía a continuar aportando al Ministerio Público con antecedentes y registros audiovisuales que pudieran resultar claves a la hora de conseguir las sanciones correspondientes para los que cometan el delito.
