Comisión del caso ProCultura aprueba informe de conclusiones: Hubo "debilidades significativas"

La Comisión Especial Investigadora del Caso Procultura aprobó su informe de conclusiones por casi la unanimidad de la instancia. En el documento se plantea que se incurrió en “reiteradas irregularidades administrativas”, y que hubo “debilidades significativas en los controles asociados a la entrega y rendición de recursos públicos”.

Andrés Longton, diputado RN y presidente de la comisión, indicó que el informe “refleja que Procultura se aprovechó deliberadamente de las instituciones para hacerse ilícitamente de recursos públicos”.

Según se establece el informe, Procultura recibió grandes sumas de dinero “provenientes principalmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante su programa de Asentamientos Precarios y Recuperación de Barrios, de diversos Gobiernos Regionales y municipalidades”.

Además, se indica que el monto total alcanzaría los 6 mil millones de pesos, distribuidos en al menos 7 regiones del país.

El diputado Andrés Longton insistió en que las conclusiones del informe “son contundentes en atención a ciertas responsabilidades de algunos gobernadores como Claudio Orrego y Jorge Flies de Magallanes por haber vulnerado el principio de probidad”.

A esto se suma la gestión de Miguel Crispi, cuando cumplía el rol de subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

También se destaca que existen investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público respecto a presuntos delitos “como fraude al fisco, apropiación indebida, tráfico de influencias y negociación incompatible”, indagatorias a cargo de la Fiscalía Regional de Coquimbo.

Caso ProCultura

La comisión concordó en que los hechos investigados no son aislados “sino más bien una problemática recurrente y sistemática que involucra diversas instituciones y actores públicos”. Esta situación plantea “con urgencia la necesidad de robustecer los controles administrativos”.

El diputado RN, José Miguel Castro, integrante también de la instancia investigadora, afirmó que las conclusiones son lapidarias.

“Se ha hecho una estafa al Estado. Hemos podido descubrir que incluso había personas contratadas por ProCultura, que lo que hacían era prestarles servicios a ProCultura, o sea, una triangulación de dineros. Aquí se estafó en términos políticos y en términos de dinero a la gente”, sostuvo el parlamentario.

En tanto, el diputado independiente pro PPD, Jaime Araya, apuntó a la falta de control sobre cómo se administraban los recursos públicos y la nula capacidad de recuperar los recursos que están desaparecidos. En ese sentido, indicó que se requiere fortalecer, mediante proyecto de ley, el trabajo de la Contraloría.

“No es lógico que un escenario de tanta corrupción institucional, la Contraloría tenga mecanismos tan débiles de control (…)”, precisó el legislador.

En la oposición esperan que estas conclusiones sean ratificadas por la sala de la Cámara Baja, y también que la Fiscalía avance con las formalizaciones de personas y autoridades que tienen responsabilidades penales en esta arista.