Gobiernos regionales podrán diseñar y ejecutar políticas en materia de prevención del delito

Funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito tendrán los gobiernos regionales (Gores) a partir de la aplicación de un proyecto aprobado por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite.

El texto se respaldó en general por 113 votos a favor, 16 en contra y 6 abstenciones. Luego, en tres nuevas votaciones se aprobó el articulado, incluyendo las normas de quorum especial.

La iniciativa surgió del Compromiso Transversal por la Seguridad. Este se suscribió en abril de 2023 con la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (Agorechi). Corresponde, además, a un anuncio de la cuenta pública presidencial de 2023 y es parte de la Agenda de Seguridad Pública.

La propuesta, en concreto, incorpora a los Gores la función general de “diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito”.

También, en materias de atención y asistencia a víctimas en la región. Estas acciones deberán ser coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública y las directrices del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Así, los Gores podrán financiar proyectos que tengan por finalidad dotar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de equipamiento o infraestructura para el apoyo de sus labores. Para esto y otras iniciativas, podrán celebrar convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado. Igualmente, deberán mantener una coordinación permanente con la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), que proveerá colaboración y asesoría técnica.

Asesoría a municipios

Se incorpora, dentro de las funciones generales de los Gores, asesorar a las municipalidades, cuando estas lo soliciten, en la formulación e implementación de sus planes comunales de seguridad pública o de cualquier otro proyecto o estrategia en este mismo ámbito.

En línea con lo anterior, se efectúan enmiendas a la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. De igual modo, se incorporan a esta normativa otras adecuaciones, como requerir a los municipios que remitan sus planes comunales de seguridad pública al Gore respectivo y a la SPD.

Adicionalmente, el texto posibilita a los Gores la creación de una División de Prevención del Delito. Estará encargada de las tareas de coordinación y gestión de las funciones en este ámbito de acción.

Para su dirección, se consigna la creación del cargo de “Jefe de División de Prevención del Delito en el Gobierno Regional”. Dicho funcionario deberá tener, a lo menos, dos años de experiencia profesional en materias de gestión pública, prevención del delito u otras materias afines.