Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República expone graves falencias en la administración financiera del Ejército de Chile en el área previsional. La investigación, fechada el 5 de septiembre de 2024 y registrada bajo el número 303/2024, detectó más de 7.185 millones de pesos en pagos indebidos a funcionarios y exfuncionarios, de los cuales casi el 71% sigue sin ser recuperado. Entre los hallazgos más críticos: falta de registros contables precisos, notificaciones tardías a los deudores y la existencia de 131 fallecidos que aún figuran como deudores. El Ejército aseguró a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío que están subsanando los puntos del informe de Contraloría que audita desde 2004 a la fecha.
Un desorden contable que se arrastra por años es lo que la Contraloría General de la República (CGR) registró en el informe de auditoría 303/2024. Según el documento, al 31 de diciembre de 2023, el Ejército mantenía 7.342 deudores por pagos en exceso de remuneraciones, totalizando un pozo de 7.185 millones de pesos, de los cuales 4.530 no habían realizado ningún pago, lo que se arrastra desde 2004 a la fecha.
Uno de los principales problemas detectados es la falta de actualización de los procedimientos internos para gestionar estos reintegros, lo que permitió que las irregularidades se mantengan sin corrección durante años. Pero, además, la Sección de Reintegros del Ejército, encargada de recuperar estos dineros, no había realizado un seguimiento efectivo y en muchos casos ni siquiera notificó a los afectados.
Descontrol puertas adentro
Uno de los hallazgos más llamativos es la existencia de deudores fallecidos que aún figuran con deudas vigentes. Los que sumados son más de 270 millones de pesos y 8.660 dólares. Lo grave es que el Ejército sólo detectó estos casos cuando habían pasado entre uno y cuatro años de los fallecimientos.
Además, se identificó que funcionarios con deudas por 113 millones de pesos, seleccionaron la opción de “Descuento de Remuneraciones” para devolver el dinero, pero nunca se realizaron los pagos. En pocas palabras, aunque tuvieron la intención de pagar, el Ejército no lo cobró. La auditoría también revela la existencia de deudores a los que se les otorgaron facilidades de pago, pero que ni siquiera están registrados como deudores vigentes pese a que estaba pagando.
En el escrito, la Contraloría señala que estas falencias violan normas de eficiencia y control establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (18.575) y en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (DFL 1 de 1997).
Conflictos de interés y malas prácticas financieras
Otro aspecto preocupante es la detección de potenciales conflictos de interés en la administración de cuentas corrientes del Ejército. Un caso particular involucra a dos altos oficiales del área financiera con vínculo de afinidad en primer grado (cónyuges), quienes administraban en conjunto varias cuentas bancarias.
El informe también destaca que el Ejército no registró en su contabilidad deudores por más de 2.312 millones de pesos, lo que impide una gestión transparente y eficiente de los fondos públicos.
¿Un Ejército sin control? La respuesta de la institución
Ante estas observaciones, el Ejército respondió que ha iniciado un plan de trabajo para mejorar la gestión de cobro y reducir la generación de pagos indebidos, aunque la Contraloría determinó que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido efectivas al cierre de la investigación.
Además, se detectó que en 2023 la institución aplicó descuentos automáticos a funcionarios sin autorización de la Contraloría, sumando 952 millones de pesos, lo que constituye una violación al artículo 67 de la Ley 10.336.
La Contraloría ha ordenado el inicio de un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas y evaluar posibles juicios de cuentas para recuperar los montos adeudados. También exigió al Ejército presentar un plan concreto de regularización en un plazo de 60 días hábiles.
Este informe expone una falta de control sistemática en el manejo de recursos en área específica de remuneraciones del Ejército, permitiendo que pagos indebidos se mantengan impagos por años, incluso deudores fallecidos sin ser sacados de los balances generales. La falta de registros adecuados y la ineficiencia en la gestión de cobro han generado un detrimento patrimonial significativo para el Estado, según se observa.
En tanto, consultados por Radio Bío Bío el Ejército señaló que desde el 2022 la institución ha implementado una serie de medidas “que consisten en la reorganización de la estructura de la División de Personal y de la Tesorería del Ejército; aumento y capacitación del personal en la Sección de Reintegros; implementación de procedimientos para agilizar el ciclo de reintegros de remuneraciones; seguimiento a resoluciones de la CGR sobre facilidades de pago de los funcionarios (Artículo N° 67 de la Ley 10.336) y el desarrollo de un proyecto tecnológico para integrar los sistemas de gestión de personal y remuneraciones”.
Armada y Fach
El último escándalo similar estuvo ligado al caso de Carabineros. Si bien en esa indagatoria se pudieron establecer supuestos ilícitos, es decir, una estructura formal para defraudar, en este caso todavía está en evaluación. No obstante, dentro de los hallazgos no se encontraron elementos que permitan establecer una similitud con lo ocurrido en el megafraude de Carabineros.
En cuanto a la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, no se ha detectado una situación similar a la del Ejército. De hecho, en ambas instituciones se han implementado medidas para fortalecer el control en estas áreas, además de que cuentan con una menor dotación de personal en comparación con el Ejército.
Ver informe:
Enviando corrección, espere un momento...
