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El recién asumido ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, durante su visita a la región de Los Lagos abordó la polémica desencadenada por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, destacando las renuncias de la exministra y de la jefa de la División Jurídica. Figueroa afirmó que hubo responsabilidad política, respaldando la decisión del Presidente Gabriel Boric de exigir la dimisión de la exministra Marcela Sandoval. El ministro enfatizó que mientras él no apruebe la compraventa, el proceso no se concretará, asumiendo su cargo con serenidad y señalando la necesidad de identificar y corregir los errores cometidos. Por otro lado, parlamentarios de Chile Vamos han presentado un requerimiento al Tribunal Constitucional para destituir a la senadora socialista Isabel Allende, y el Partido Republicano también ha tomado medidas al respecto, señalando posibles acusaciones constitucionales en el futuro.
En su reciente visita a la región de Los Lagos, el recién asumido ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, se refirió a la polémica generada por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, y las renuncias de la exministra y de la jefa de la División Jurídica.
En ese contexto, la autoridad aseguró que hubo responsabilidad política que el Presidente Gabriel Boric hizo valer muy tempranamente. De igual forma, aseguró que mientras él no apruebe la compraventa, el proceso no llegará a su término.
“Acá lo que hubo fue una responsabilidad política, que el Presidente hizo valer muy tempranamente al exigirle la renuncia a la ministra (Marcela) Sandoval, porque acá se debió cautelar la globalidad del proceso”, enfatizó Figueroa.
La nueva autoridad dijo que asume su cargo con tranquilidad, enfatizando en que hay un procedimiento administrativo para ver donde se cometieron los errores y así poder corregirlos.
Tras esta fallida compra, parlamentarios de Chile Vamos ingresaron un requerimiento Tribunal Constitucional con el objetivo de destituir a la senadora socialista, Isabel Allende.
La acción se suma a la que adoptó el Partido Republicano, que también apunta al artículo 60, en el que se establece que un parlamentario no puede celebrar contratos con el Estado.
En cuanto a la ministra Fernández, los diputados de oposición aseguraron que esperarán lo que ocurra en la Comisión Especial Investigadora (CEI), que ya fue aprobada en Sala. Sin embargo, no descartaron una acusación constitucional.
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