La tarde de este miércoles, parlamentarios de Chile Vamos anunciaron una serie de acciones en torno a la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende; que involucra a su nieta, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a su hija, la senadora Isabel Allende.
En concreto, los legisladores adelantaron que solicitarán antecedentes al Ejecutivo y que, con toda la información, redactarán un escrito que presentarían ante el Tribunal Constitucional, esto en búsqueda de las responsabilidades políticas que correspondan.
“Vamos a utilizar todas las herramientas fiscalizadoras que nos otorga la ley y la Constitución. Ya el lunes se va a votar una Comisión Investigadora; junto con eso también vamos a solicitar antecedentes al Poder Ejecutivo porque queremos hacer valer la responsabilidad política a todas las personas que pueden estar envueltas en este caso“, señaló el jefe de bancada UDI, Gustavo Benavente.
El legislador agregó su inconformidad con las explicaciones de la ministra Fernández, acotando que “nos dejan donde mismo”. Por eso, adelantó que formularán “un sólido requerimiento ante el Tribunal Constitucional para hacer valer las infracciones que se han cometido a la Constitución en este caso”.
Así, apuntó al requerimiento ya anunciado por Republicanos, indicando que “no siempre por llegar primero se hacen mejor las cosas, las cosas hay que prepararlas, hay que analizarlas y así obtener una mejor garantía de éxito ante el tribunal”.
Recordemos que la adquisición de la casa, que sería por $933 millones, violaba la prohibición constitucional de ministros y parlamentarios de celebrar contratos con el Estado.
Los cuestionamientos de Chile Vamos por la casa de Allende
Por su parte, el jefe de bancada Evópoli, Jorge Guzmán, agregó que “nuestra obligación como parlamentarios es respetar la Constitución en las leyes y también hacerla respetar. Y eso significa que el Poder Ejecutivo, a través de la ministra Maya Fernández, y también lo que ha acontecido con la senadora Allende, es que han vulnerado en forma evidente la Constitución Política de la República en su artículo 37 bis y su artículo 60 que prohíbe la celebración de actos o contratos con el Estado“.
“En atención a ello y en razón de esa responsabilidad que nos convoca, es que vamos a ejercer todas las acciones constitucionales que están a nuestro alcance para poder determinar la participación, las responsabilidades y concurrir a los tribunales que corresponden para que haya un conocimiento formal respecto de estos actos que nosotros consideramos que son ilícitos constitucionales”, indicó.
Finalmente, desde Renovación Nacional, el diputado Andrés Longton advirtió que “no hay que ir a improvisar al Tribunal Constitucional”, pues “ir apresuradamente puede llevarnos a una dura derrota”. Por ello, pidió “tener los fundamentos necesarios y que sean lo suficientemente contundentes para que el Tribunal Constitucional no tenga excusa para no fallar en Derecho”.
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