Continúa la polémica a raíz del anuncio de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende Gossens, por parte del Gobierno, para la creación de un museo en Providencia.
Recordemos que esta mañana se conoció que, por esta adquisición, el Gobierno pagaría casi mil millones de pesos a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y su hermano, Alejandro, para adquirir la casa de su abuelo, el exmandatario.
En concreto, la administración del Presidente Boric desembolsaría 24.291 Unidades de Fomento (UF) por la propiedad de los Allende en Guardia Vieja, lo que se traduce en $933 millones.
Cabe consignar que la actual secretaria de Estado, y su hermano, le compraron la vivienda a su tía, la actual senadora Isabel Allende Bussi (PS), por casi $250 mil cada uno.
Infracción a artículos de la Constitución
Lo anterior sería una acción inconstitucional, pues “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”.
Además, “actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”.
Según consigna La Tercera, la problemática fue reconocida como “uno de los grandes errores” del Gobierno, al interior de La Moneda. Esto, pues, se habría pasado por alto este y otro artículo de la Constitución. Además, a las involucradas -ministra Fernández y senadora Allende-, y Contraloría.
En tanto, desde el Ministerio de Defensa confirman que se tendrá que hacer una rectificación en la declaración de patrimonio de la secretaria de Estado, ya que figura como 100% dueña de la propiedad y no es así.
El decreto de Bienes Nacionales establece que, la propiedad, además de la ministra Fernández, está a nombre de Carmen Paz Allende Bussi, Alejandro Salvador Fernández Allende, y la senadora antes mencionada, María Isabel Allende Bussi.
Es ahí donde está la otra infracción constitucional. Lo anterior, pues según la Carta Fundamental, “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza”.
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