La Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen clave respecto de la subrogación en la presidencia del Comité de Ministros, que evalúa proyectos de impacto ambiental, ante la consulta del Gobierno en el marco del proyecto minero-portuario Dominga. Este pronunciamiento responde a una solicitud de la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, quien buscó aclarar el mecanismo de reemplazo para la presidencia del Comité ante la inhabilidad de la ministra Maisa Rojas.
En el dictamen, Contraloría destacó que, conforme al artículo 20 de la Ley Nº 19.300, la presidencia del Comité de Ministros corresponde a la Ministra del Medio Ambiente o, en su ausencia, al Subsecretario del ramo. Si ambos están impedidos, la subrogación debe regirse por las normas establecidas en el Estatuto Administrativo.
“La subrogación es un mecanismo que opera automáticamente por mandato legal, asegurando la continuidad de la función pública”, señala el dictamen. Además, recalca que este proceso permite garantizar decisiones fundadas y apegadas a la normativa ambiental.
La Contraloría también citó dictámenes anteriores, como los N° 98.081, de 2014 y 10.647, de 2015, que establecen los criterios para el reemplazo en casos de ausencia o abstención de los ministros titulares. En este sentido, si no existe un mecanismo específico de sustitución, el Presidente de la República puede designar a otro ministro.
El dictamen agrega que “ante una eventual ausencia de la Ministra del Medio Ambiente, corresponde aplicar la subrogación conforme a las leyes vigentes, ya sea por el Subsecretario titular o el subrogante del Ministerio”.
Subroganción en el Comité de Ministros
Así las cosas, el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, debería subrogar a la secretaria de Estado.
No obstante, Proaño también estaría inhabilitado al expresar opinión previa sobre el proyecto; por lo que en este caso debería asumir su subrogante, el jefe de la División Jurídica desde hace dos años, el abogado Ariel Espinoza.
De todas formas, estas son definiciones que deberá tomar el Ministerio de Medio Ambiente luego de conocer el pronunciamiento de la Contraloría.
Gobierno solicitó el pronunciamiento de la CGR
El Gobierno había solicitado este pronunciamiento ante la incertidumbre sobre quién debe presidir el Comité de Ministros en el contexto del proyecto Dominga, producto de la inhabilidad de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.
El subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, previamente declaró que “estamos pidiendo a Contraloría es que establezca criterios de quién tiene que presidir el Comité de Ministros y por qué”.
Por su parte, la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, sostuvo que “una vez tengamos la respuesta de la Contraloría, se tomarán las acciones acordes a lo que señale”.
Dictamen tras fallo del Tribunal Ambiental que rechazó recurso del SEA por Dominga
Este dictamen adquiere especial relevancia tras el fallo del Tribunal Ambiental que rechazó el recurso del Servicio de Evaluación Ambiental para suspender los efectos de una resolución que anuló el rechazo del proyecto Dominga emitido en enero de 2023 por el Comité de Ministros.
El dictamen también aborda la ausencia de un mecanismo específico de reemplazo para la presidencia del Comité de Ministros establecido en la Ley Nº 19.300. “El legislador no ha previsto un sistema expreso para esta situación, como lo ha hecho en otros ámbitos similares”, puntualiza el texto.
Según el criterio de Contraloría, cualquier ausencia de los titulares de los ministerios involucrados debe resolverse mediante las normas de subrogación general establecidas en el ordenamiento jurídico.
A juicio de la Contraloría, este dictamen busca aclarar dudas sobre la operatividad del Comité de Ministros en casos de subrogación, garantizando la legalidad y continuidad en la toma de decisiones.
“El ordenamiento ambiental chileno requiere decisiones colegiadas, fundadas y ajustadas a derecho. Este dictamen refuerza esa exigencia en un contexto de alta relevancia para el país”, concluye el documento de la CGR.
El pronunciamiento de Contraloría permitirá que el Comité de Ministros defina los próximos pasos respecto del proyecto Dominga, que ha generado debate en torno a sus implicancias ambientales y económicas.
Dictamen de Contraloría:
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