IMSI Catcher, el aparato para espionaje telefónico que complica a la nueva Ley Antiterrorista

La Comisión Mixta de la Ley Antiterrorista despachó el proyecto respaldando el uso de la tecnología intrusiva llamada ‘IMSI Catcher’, en medio de las advertencias del oficialismo de recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

El aparato permitirá interceptar metadatos de la ubicación de un teléfono en un amplio rango de superficie, incluyendo no solo a la persona investigada, sino que todos los que están a su alrededor.

Según destaca Fundación Karisma, organización civil para la protección de los derechos digitales, el IMSI Catcher es un dispositivo que se hace pasar por una torre de telefonía móvil para engañar a los celulares cercanos y capturar información sin consentimiento.

Además, puede recopilar códigos IMSI, controlar señales, bloquear llamadas, conocer metadatos y modificar mensajes de texto.

Aunque no puede interceptar mensajes encriptados como los de WhatsApp o Signal, puede obtener datos como la hora, fecha y IP de los teléfonos.

Iván Flores, presidente de la Comisión Mixta, valoró la iniciativa, enfatizando en que va en beneficio de la ciudadanía.

Oficialismo advierte con ir al TC para sacar de la Ley Antiterrorista el IMSI Catcher

Las diputadas Lorena Fríes y Alejandra Placencia, del FA y el PC, fueron los únicos dos votos en contra, dividiendo al oficialismo.

Placencia llamó a votar en contra para dejar fuera de la ley este elemento y confirmó que si se aprueba irán al Tribunal Constitucional.

Henry Leal, diputado UDI, defendió que el uso de la herramienta fue solicitada por el propio Ministerio Público y criticó que ya se esté hablando de llegar hasta el Tribunal Constitucional.

Uno de los elementos más controversiales es que se usará el dispositivo no solo para delitos terroristas, sino que para actos ligados a la Ley de Drogas y el Control de Armas.

Paulina Vodanovic, presidenta del PS y autora de uno de los proyectos fusionados, defendió el uso del aparato.

Además, se aprobó que en casos de delitos terroristas que generen ‘alarma pública o especial complejidad’, se podrá solicitar al pleno de la Corte Suprema que causas de regiones sean trasladadas a Santiago.

El gobierno cuestionó la constitucionalidad de la medida, recordó que ya hay medidas parecidas en otras leyes y que la propia Corte Suprema, emitió un informe en contra de la propuesta.