En medio de la polémica salida del exembajador de Chile en Francia, José Miguel Capdevila, la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera (Adica) salió a referirse a las acusaciones cruzadas entre el exfuncionario y el gobierno. En particular, apuntaron contra la deficiente reglamentación para sancionar casos de acoso y abuso laboral que atañen a miembros del Servicio Exterior de Chile.
Durante esta semana, Capdevilla salió a la palestra luego de publicar una carta al director en Diario El Mercurio, en cuyo relato se lanzó contra el gobierno y acusó ser víctima de “la destrucción de una larga carrera diplomática” tras ser apuntado mediante una denuncia por maltrato laboral.
Más aún, hace cerca de un mes, incluso interpuso una demanda de tutela laboral ante el 1° Juzgado de Letras de Santiago contra el Fisco de Chile, mediante cuyo proceso exige el pago de $240 millones. Sin embargo, Cancillería aseguró que su salida de Francia fue por pérdida de confianza y no tras la denuncia.
En ese contexto, el directorio de Adica expresó su “total rechazo por la situación que viven quienes son víctima de abuso o maltrato laboral. La reglamentación para sancionar este tipo de casos es deficiente, las denuncias muchas veces desestimadas, e incluso en algunos casos concluyen en el traslado de la víctima y no del victimario”, reprocharon.
A raíz de todo el revuelo anterior, acusan que a los problemas mencionados ahora se suma “el temor a la revictimización, escarnio público y desprestigio en la prensa”.
Asimismo, “observamos con preocupación las faltas graves a la probidad y ética diplomática, incluyendo la entrega de información reservada a los medios y referencias inapropiadas a otras misiones. Estos actos no solo denigran a las víctimas, sino que también socavan la confianza en la diplomacia como profesión”.
Así las cosas, apuntaron a que el Estado falla en su deber de prevención en el marco de la recientemente publicada Ley Karin, que establece el deber del Estado de prevenir el acoso laboral y/o sexual y la violencia en el trabajo. Según acusan, “quienes se atreven a denunciar no reciben un trato digno. Es deber del Estado, sector privado y de la sociedad civil toda, proteger a quienes han sido víctimas de abusos”.
Sin referirse a nadie en particular ni apoyar o nadie en específico, señalaron que “la inexistencia de un debido proceso con criterios claros y uniformes en la tramitación de sumarios por parte de la autoridad -tanto para embajadores políticos como de carrera-, es algo en lo que se debe trabajar con urgencia”.
En concreto, apuntaron a dilaciones innecesarias, funcionarios que con más de un sumario por maltrato continúan cumpliendo tareas en el mismo lugar, mientras que en otros casos son separados preventivamente de sus cargos. “Son situaciones que generan malestar e inestabilidad para todos los involucrados y para el clima laboral de nuestro ministerio”.
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