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El Senado aprobó el proyecto de ley que moderniza el sistema notarial y registral, el cual ahora regresa a la Cámara de Diputados para su tercer trámite. La normativa introduce cambios estructurales como establecer un límite de edad de 75 años para ejercer funciones notariales, asignar cargos mediante concursos públicos y la inclusión de reglas estrictas de inhabilidad. También se prohíbe la contratación de familiares en notarías, se incorpora al Sernac como fiscalizador y se digitalizan los trámites. Además, se aborda la división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó la importancia de estos avances para modernizar el sistema y adaptarlo a las demandas actuales, mientras el senador Alfonso De Urresti valoró el impacto positivo que tendrá en la ciudadanía y la economía.

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El Senado aprobó este martes el proyecto de ley que moderniza el sistema notarial y registral, tras años de discusión en el Congreso. La normativa, que ahora regresa a la Cámara de Diputados para su tercer trámite, introduce cambios estructurales que buscan mayor transparencia y eficiencia en estos servicios.

Entre los puntos destacados, se establece un límite de edad de 75 años para que los notarios, archiveros y conservadores de bienes raíces ejerzan sus funciones. Así, los cargos ya no serán vitalicios y se asignarán mediante concursos públicos a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, valoró la aprobación de la iniciativa. Señaló que este proyecto “es un paso significativo hacia un sistema notarial más accesible, transparente y en sintonía con las necesidades de la ciudadanía”.

El secretario de Estado agregó que el avance refleja el compromiso del Congreso de modernizar el sistema y adaptarlo a las demandas actuales.

Reglas de inhabilidad

Uno de los puntos clave del proyecto es la inclusión de reglas estrictas de inhabilidad para garantizar que el acceso a estos cargos sea exclusivamente por mérito. Según la normativa, los parientes de parlamentarios, miembros del Ejecutivo y otras autoridades no podrán postularse como notarios, conservadores o archiveros.

El ministro Gajardo destacó que estas reglas “son muy importantes para que la ciudadanía no tenga ninguna suspicacia sobre la designación de las personas en estos cargos”.

Asimismo, el proyecto incorpora normas que prohíben la contratación de familiares al interior de las notarías y otras entidades relacionadas.

Otro aspecto significativo de la reforma es la incorporación del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) como entidad fiscalizadora de los servicios notariales. Esto busca asegurar la calidad y eficiencia en la atención a la ciudadanía.

Digitalización de trámites

La normativa también contempla la digitalización de los trámites notariales, mejorando la infraestructura y recursos tecnológicos de las notarías, lo que facilitará el acceso y reducirá los tiempos de espera para los usuarios.

El proyecto aborda también la propuesta de dividir el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS). Sin embargo, se mantuvo la norma que estipula que esta división requerirá más antecedentes que la sola voluntad del Presidente de la República, como sugirió la Comisión de Constitución.

“El Presidente de la República tendrá atribución general para dividir los conservadores, pero en el caso específico del CBRS, se necesitarán más antecedentes”, explicó Gajardo.

Senador De Urresti valoró despacho del proyecto que moderniza sistema notarial

El senador Alfonso De Urresti, presidente de la Comisión de Constitución, valoró el despacho del proyecto, destacando el impacto positivo que tendrá en la ciudadanía y el sistema económico.

“Después de muchos años y contra el pronóstico de muchas personas, hemos logrado sacar adelante una ley que moderniza el sistema notarial. Esto da mayor transparencia a través de la Alta Dirección Pública y sus concursos”, señaló.

De Urresti también subrayó que la ley permitirá aumentar el número de notarías en zonas desatendidas, establecer mayor claridad en los aranceles y dar dinamismo económico. “Sin lugar a dudas, esto ayuda a miles de personas a lo largo de todo Chile”, afirmó.

En términos de transición, el proyecto establece que los auxiliares de la administración de justicia designados antes del 30 de mayo de 1995 tendrán nueve meses desde la entrada en vigencia de la ley para cesar en sus cargos. Esta medida permitirá ajustar el sistema al nuevo marco regulatorio.

El proyecto seguirá su tramitación en la Cámara de Diputados, donde se espera la revisión de los cambios introducidos por el Senado.