Denuncia de acoso sexual y laboral en La Moneda terminó con millonario acuerdo para evitar demanda

Un grave caso de acoso sexual y laboral, ocurrido en 2023, quedó al descubierto al interior de La Moneda, luego de un acuerdo entre una denunciante con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evitar una demanda.

Se trata de una denuncia que presentó una funcionaria de Presidencia, quien acusó al Gobierno de Gabriel Boric por vulneración de derechos fundamentales, incluyendo acoso sexual, discriminación política y desprotección, según informó La Tercera.

No obstante, el Consejo de Defensa del Estado llegó a un acuerdo en abril de 2023 para pagar más de $40 millones a la denunciante a cambio de que desistiera de la demanda, reveló el medio.

“La parte demandante viene en desistirse expresamente de todas y cada una de las acciones deducidas en el presente juicio y pretensiones contenidas en ellas, renunciando expresamente además a toda acción, de cualquier naturaleza, que pudiera emanar de los mismos hechos de autos en contra del Fisco de Chile u otro organismo o Institución del Estado, salvo aquellas destinadas a obtener el cumplimiento de la presente transacción”, indica el texto legal.

Denuncia de acoso laboral y sexual en La Moneda terminó con millonario acuerdo para evitar demanda

La mujer, que trabajó en el palacio presidencial desde 2010 bajo las administraciones de los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, señaló que los problemas comenzaron en la era Boric, especialmente con otra funcionaria.

De acuerdo a su testimonio, esta última habría amenazado a sus colegas para que no se acercaran a ella, según sus propios compañeros le confidenciaron.

“A través de mensajería de WhatsApp ella me escribió mensajes pidiendo que por favor entienda que no se puede acercar a mí, por miedo a perder su trabajo, ya que había sido amenazada por doña (nombre oculto) y dejando entrever que el problema que mi jefatura tenía conmigo es que no fui contratada por el gobierno actual y, por lo tanto, no le doy confianza a (nombre oculto)”, relata.

Pero además, la denunciante afirmó que fue acosada sexualmente por un compañero de trabajo, situación que habría sido presenciada por colegas y jefatura, sin que tomaran medidas al respecto para protegerla, especialmente tomando en cuenta que su superior era quien la acosaba laboralmente.

“Me envió reiterados y agresivos mensajes de carácter sexual, donde incluso me amenazaba, señalando que si no tenía relaciones sexuales con él, se iba a suicidar”, acusó.

“No me atreví de inmediato a denunciar formalmente a (nombre oculto) ante mi jefatura: en primer lugar, por la amenaza del suicidio de mi agresor; en segundo lugar, por la posible reacción de doña (nombre oculto), cuya animadversión hacia mí era ya evidente, y; finalmente, por temor a perder mi trabajo”, detalla.

Al respecto, la funcionaria acusó a su jefatura de no protegerla y la obligó a enfrentar la situación con su agresor, conocido como el “regalón” de la jefa. Ante esta situación, la víctima decidió recurrir a la justicia, según publica La Tercera.

“Ante la gravísima situación de acoso sexual de que fui víctima, lejos de ser protegida por mi jefatura, esta invisibilizó el problema, y se me traspasó la carga de tomar decisiones respecto de mi agresor, quien era conocido como “el regalón” de doña (nombre oculto)”, acusó.

“En efecto, en lugar de disponer una investigación en contra de (nombre oculto) o trasladarlo a otra área, mi jefatura decidió que recaería en mí la decisión respecto de si admitía o no la presencia de mi agresor a las reuniones del Departamento, lo que por supuesto me colocó en la incómoda posición de tener que admitirlo, habida consideración de que se trataba del “regalón” de mi jefatura, todo bajo el pretexto de que la suscrita contaría con ‘muchas más herramientas para superar este problema’. Lo cierto es que esperaba que mi jefatura me protegiera, hecho que no ocurrió”, sentencia.

Presidencia informó a La Tercera que ninguno de los funcionarios mencionados presta servicios para el gobierno, ya que cesaron sus funciones en fechas anteriores, el 10 de junio de 2024 y el 31 de enero de 2023, respectivamente.