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El Servicio Nacional de Migraciones, liderado por Luis Eduardo Thayer, se distancia del proyecto de ley para crear un centro de internación de extranjeros con orden de expulsión pendiente por hasta 60 días, señalando complejidades logísticas y de seguridad. La iniciativa, impulsada por diputados tras la suma urgencia del Gobierno en modificar la Ley de Migraciones, generó división en la coalición oficialista, con críticas por vulneración de derechos fundamentales y apoyos argumentando que es una práctica común en países receptores de migrantes. El Servicio Nacional de Migraciones destaca la necesidad de mejores herramientas para obligar a personas con orden de expulsión a comparecer ante la autoridad y controlar su movilidad.

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Consultado por Radio Bío Bío, el Servicio Nacional de Migraciones, a cargo de Luis Eduardo Thayer, se desmarcó del proyecto de ley que busca crear un centro de internación, “de carácter no carcelario”, para que extranjeros con orden de expulsión pendiente permanezcan hasta por 60 días.

La institución aseguró que están “abiertos a discutir distintas alternativas, pero esta propuesta en particular tiene varias complejidades logísticas y de seguridad que habría que analizar bien”. En ese sentido, agregaron que “es una medida que se podría aplicar a largo plazo y lo que necesitamos son soluciones viables en el corto plazo”.

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Recordemos que la iniciativa fue levantada por un grupo de diputados y diputadas después que el Gobierno repuso la suma urgencia en la modificación de la Ley de Migraciones. Esta podría comenzar su tramitación la próxima semana en la comisión de Gobierno.

Las distintas miradas en el oficialismo

No obstante, en el oficialismo hubo división ante la iniciativa. El diputado comunista Matías Ramírez, de la comisión de Gobierno Interior, dijo que, en realidad, son “verdaderos centros de vulneración de derechos fundmantales”, y criticó el “gasto público exorbitante” que generarían.

En cambio, su par independiente (ex Frente Amplio) Catalina Pérez, de la misma instancia legislativa, dijo que estos centros “son una práctica común” en los países receptores de migrantes, por lo que llamó a analizar la iniciativa “en su justa dimensión”.

En tanto, la diputada y jefa de bancada independiente-PPD, Camila Musante, también de la comisión de Gobierno Interior, defendió el proyecto que ella impulsó, junto a su pares de dicho partido y los diputados independiente Rubén Oyarzo y de Demócratas, Joanna Pérez.

Finalmente, el Servicio Nacional de Migraciones comentó, además, que “se necesitan mejores herramientas para obligar a las personas con orden de expulsión vigente a comparecer ante la autoridad y que permitan limitar y controlar su movilidad”.