Diputados oficialistas proponen establecer por ley "confianza legítima" para funcionarios a contrata

El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, diputado Luis Cuello (PC), junto a su par socialista, Leonardo Soto (PS), presentaron un proyecto que busca establecer por ley la llamada “confianza legítima”, luego de una sesión especial para tratar el dictamen de Contraloría que cambió el criterio para los funcionarios a contrata.

En el proyecto, que interpreta la confianza legítima tanto en el estatuto administrativo de funcionarios públicos como en el de funcionarios municipales, se establece que “todos aquellos empleos a contrata que hayan sido prorrogados por segundo año consecutivo cuentan con la confianza legítima en el respectivo organismo de la Administración del Estado o Municipalidad en que cumplan sus funciones, según corresponda, para seguir desempeñando sus labores”.

Sobre el proyecto de ley, el presidente de la Comisión de Trabajo, diputado Luis Cuello, expresó que “hemos trabajado en un proyecto de ley, que interpreta tanto la norma administrativa central, estatuto administrativo, como también el estatuto administrativo de funcionarios municipales, para interpretar la norma en el sentido de plasmar en la ley el principio de confianza legítima, de tal forma que aquellos funcionarios de contrata que lleven más de dos años, se presuma que ellos continúan sirviendo en el Estado.”

Junto a esto, el parlamentario declaró su disposición para trabajar con la Mesa del Sector Público en otras alternativas que permitan “revertir este escenario riesgoso que precariza a los trabajadores, que daña a su estabilidad y que daña a sus familias”.

Por otra parte, el diputado socialista, Leonardo Soto, catalogó el dictamen de Contraloría como un “enorme retroceso”, enfatizando en que “se ha instalado la inestabilidad, se ha instalado la ley de la selva y se ha dejado desamparados a todos los funcionarios a contrata que tienen la expectativa de su renovación por el tiempo que llevan en el Estado”.

“Con este dictamen se les permite que sean objetos de despidos masivos, sin ningún fundamento, sin ninguna justificación, de manera indebida e improcedente, condenándolos a la cesantía y a la marginalidad sin haber tenido una justificación valedera”, añadió.

A su vez, el coautor del proyecto, diputado Juan Santana, criticó la decisión de Contraloría, encabezada por Dorothy Pérez.

“Es muy grave que la forma de dar inicio a su nueva gestión por parte de la actual contralora General de la República, Dorothy Pérez, sea hacer retroceder un derecho laboral que para los trabajadores y trabajadoras del sector público es fundamental”, fustigó.

Gremios valoran proyecto para establecer por ley “confianza legítima” para funcionarios a contrata

También presente en la sesión especial, el presidente de la CUT, David Acuña, valoró el proyecto, asegurando que “es fundamental crear estabilidad laboral dentro de los trabajadores públicos”.

“Todos los años se renuevan las contratas, todos los años los honorarios están pendientes si van a tener o no trabajo el próximo año. Hoy día buscamos estabilidad laboral, por eso es fundamental esta iniciativa”, concluyó el dirigente sindical.

Por su lado, el presidente de la ANEF, José Pérez, llamó a la contralora Pérez a “recapacitar” su decisión.

“Le pedimos a la contralora general que recapacite, hemos hecho una presentación en todas las contralorías para que evalúe y pondere nuevamente lo que había sido una conquista sindical, porque la estabilidad del empleo en este Estado subsidiario que precariza las condiciones laborales, tiene que mantener los principios, e indistintamente del contralor o contralora, este tiene que apuntar al respeto a la dignidad humana, laboral y sindical”, concluyó.