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Diversas agrupaciones, federaciones, gremios y sindicatos rechazan decreto de Contraloría sobre confianza legítima de trabajadores a contrata, sumándose el Colegio de Profesores a las protestas. El presidente del Magisterio, Mario Aguilar, denuncia como retroceso en derechos laborales básicos la medida, destacando las precarias condiciones de los trabajadores públicos a contrata y criticando a la contralora general de la República por no cumplir su deber de fiscalizar al Estado. Aguilar enfatiza en la importancia de restituir el derecho a la confianza legítima, prometiendo continuar la lucha contra la decisión.

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Diversas agrupaciones, federaciones, gremios y sindicatos se han manifestado en rechazo al decreto de Contraloría, que definió que ya no se pronunciará sobre las disputas relacionadas con la “confianza legítima” de los y las trabajadores “a contrata”.

Ahora, el Colegio de Profesores se sumó a las movilizaciones, abogando por la “reconsideración” del dictamen.

El reclamo del Magisterio

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, calificó el decreto como “un grave retroceso en los derechos laborales básicos”, asegurando que se “ha instalado engañosamente, por parte de ciertos sectores, la idea que los trabajadores públicos tienen condiciones laborales privilegiadas y eso es absolutamente falso”.

De hecho los trabajadores “a contrata” del Sector Público tienen condiciones muy paupérrimas y muy precarias de trabajo, ni siquiera son las que tiene un trabajador de una pyme, ellos a la segunda renovación de contrato pasan a ser indefinidos en el sector privado”, recalcó.

En esa línea, Aguilar apuntó contra la contralora general de la República, Dorothy Pérez, señalando que no está cumpliendo con su deber de “fiscalizar al Estado”.

“La contralora general de la República se está restando de esa obligación constitucional que tiene, ella tiene la obligación de proteger a las y a los funcionarios públicos de la arbitrariedad”, aseguró.

Así, finalmente, el dirigente insistió en que “retrotraer el dictamen de confianza legítima es un gravísimo retroceso”, asegurando en que van “a dar la lucha hasta el final para que ese derecho se restituya”.