Por unanimidad, la Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto que perfecciona el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. Su objetivo es facilitar la identificación de quienes se incorporen en dicha nómina.
Además, el declarar su carácter público, para ciertos casos, pretende ser una medida de protección de la sociedad. Igualmente, se espera con ello disuadir la comisión de delitos y ayudar a la captura de quienes se encuentran prófugos de la justicia.
La moción original, respaldada por el Gobierno, la promovió el diputado Jorge Guzmán (Evópoli). En ella se establece que la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, en conjunto con el Ministerio Público, priorizarán los casos que se incluirán en el registro.
Ambas policías confeccionarán un listado con el nombre, fotografía y delito investigado o cometido por las personas buscadas. Este se publicará en sus portales institucionales y en medios de comunicación. Además, establece que un reglamento del Ministerio de Seguridad Pública regulará la elaboración del listado y los criterios de priorización y coordinación policial.
El texto también ordena que el aviso incluya los datos de contacto de las policías. Con esto se insta a quienes tengan información relevante a comunicarse directamente con ellas. Por otro lado, los medios de comunicación y personas que difundan esta información deberán cumplir con las disposiciones para asegurar su correcta difusión.
Registro de prófugos de la justicia
En el debate en la Sala participaron Raúl Leiva (PS), Bernardo Berger (IND), Henry Leal (UDI), Diego Schalper (RN), Jorge Guzmán (Evópoli), Leonardo Soto (PS), Andrés Longton (RN), Daniel Lilayu (UDI), Stephan Schubert (IND), Joanna Pérez (DEM), Hotuiti Teao (IND), Marcos Ilabaca (PS), Cristián Araya (PREP), Sebastián Videla (IND), Natalia Romero (IND), Frank Sauerbaum (RN), Christian Matheson (IND), Juan Carlos Beltrán (RN), Andrés Celis (RN), Marta Bravo (UDI), Leonidas Romero (IND), Carlos Bianchi (IND), Jorge Rathgeb (RN), Jaime Araya (IND) y Patricio Rosas (FA).
En términos generales, quienes intervinieron respaldaron la idea matriz de la norma. Sin embargo, desde algunos sectores oficialistas se criticó que la regulación de quiénes se incluirán en la lista se determine por la vía de un reglamento y no en la ley.
Por otro lado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que el Gobierno participó en este debate e incorporó indicaciones a la norma. En cuanto a la motivación del proyecto, relevó que sea una oportunidad para que la ciudadanía colabore, sobre la base de las prioridades establecidas por las policías.
Asimismo, aclaró que la propuesta no entra en contradicción con la presunción de inocencia, sino que trata de favorecer la búsqueda de quienes están resistiendo un llamado para cumplir una concurrencia a tribunales, una prisión preventiva o una condena.
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