Mediante un comunicado, la Universidad San Sebastián respondió a los cuestionamientos por los convenios suscritos con el Ministerio de Salud durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Al respecto, aseguraron que estos estaban en regla, desmintiendo cualquier irregularidad en la prestación de servicios.
En una publicación de Ciper, se reveló que el Minsal realizó pagos por cerca de $3.500 millones a la casa de estudios en el contexto de la pandemia. Dineros que generaron controversia, además, porque quienes era ministro y subsecretario de la cartera en dicho momento, Enrique Paris y Arturo Zúñiga, terminaron trabajando en la USS.
Ante eso, la universidad manifestó que “así como otras instituciones”, simplemente se puso a disposición por la emergencia sanitaria del Covid-19.
“Frente a la publicación de Ciper Chile -y replicada por algunos medios de comunicación- sobre la participación de la Universidad San Sebastián (USS) en los procesamientos de exámenes COVID-19 en pandemia, desmentimos, de manera categórica, que la prestación de estos servicios se haya hecho de manera irregular“, aseguraron.
“Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la Universidad San Sebastián -así como otras instituciones-, puso a disposición de las autoridades sectoriales toda su capacidad instalada en materia de infraestructura, como también, los profesionales que se desempeñan en las distintas áreas académicas para apoyar a la población”, agregaron.
“Los procesos se realizaron bajo el marco de la ley”
De esta forma, la institución afirmó que colaboró con servicios para ampliar la capacidad de detección del virus, asegurando que “todos los procesos se realizaron bajo el marco de la ley de compras públicas, participando la universidad en procesos de selección de proveedores bajo la modalidad de trato directo, tal como lo define dicha ley”.
En la misma línea, señalaron que fueron una más de las varias universidades que prestaron sus servicios en la materia. Esto para “agilizar y dar respuesta oportuna a las necesidades de la población”.
“En ese contexto, todas las actividades fueron reguladas mediante un contrato formal, que establecía de manera clara los plazos, las cantidades de producción diaria, la entrega de resultados diarios y el precio”, explicaron.
Finalmente, destacaron que “la USS participó en los procesos de adjudicación de exámenes PCR contemplando, para estos fines, precios acordes con los volúmenes demandados, que fueron similares, o incluso, menores a lo cobrado por otras instituciones”.
Revisa el comunicado en detalle a continuación:
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