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Según un estudio de Cadem, a cinco años del estallido social del 18 de octubre de 2019, la mayoría de la ciudadanía percibe este evento como una expresión de descontento social acumulado y no como un acto delictual. El 58% cree que el 18-O sigue siendo una manifestación de descontento generalizado, y el 57% considera que fue necesario para visibilizar los problemas del país. Sin embargo, un 34% lo ve como un problema de orden público y de grupos violentistas. El 68% opina que el estallido marcó un declive en la calidad de vida de los chilenos, y el 67% cree que la violencia en las calles disminuyó por la pandemia. La mayoría muestra desacuerdo con que la violencia en las calles sea legítima y justificable para avanzar en cambios políticos y sociales. Los cacerolazos y las marchas son consideradas como formas de protesta más legítimas, mientras que un porcentaje importante cree que la violencia provino de grupos organizados. Asimismo, se destaca que un grupo considerable de la población considera que Chile es hoy un país peor que antes del estallido, y que las demandas sociales no han sido resueltas y han empeorado en áreas como el costo de la vida, la delincuencia, la calidad de la política, la pobreza y la desigualdad.