La Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial (Anejud) se pronunció este martes tras la aprobación de la acusación constitucional conjunta contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, ministros de la Corte Suprema, en la Cámara de Diputados. El presidente de la organización gremial, Nicolás Santibáñez, lamentó la situación y expresó su rechazo a cualquier acto que afecte la transparencia de las instituciones judiciales.
“Lamentamos esta situación y reprochamos con total convicción cualquier acto que manche la transparencia de nuestras instituciones judiciales”, señaló Santibáñez, enfatizando el impacto que esta situación genera en la imagen de los funcionarios del Poder Judicial.
“Este tipo de situaciones afectan gravemente la imagen de quienes trabajamos día a día para garantizar la justicia en el país, en especial de los más de 8 mil empleados y empleadas del Poder Judicial que laboran en las unidades judiciales a lo largo de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas”, agregó.
Anejud se mostró observante del desarrollo de la investigación en curso, conocida como el “caso Audio”, y pidió que se tomen medidas para proteger la integridad de las instituciones afectadas por el escándalo.
“Queremos que se proteja la integridad del sistema judicial y que no se dañe la imagen de quienes, de forma honesta y profesional, administramos la justicia en Chile”, declaró el dirigente.
Reforma al Poder Judicial
Además, Santibáñez destacó que esta crisis revela la necesidad urgente de una reforma estructural en el Poder Judicial.
“Este modelo de administración de justicia, que es piramidal y colonial, data del siglo XIX y no se sostiene más. Los hechos recientes demuestran que es necesario replantear el sistema para asegurar que la justicia sea transparente y accesible a todas y todos, sin privilegios ni influencias indebidas”, afirmó.
La crisis en el Poder Judicial, según Anejud, también se relaciona con las demandas de los trabajadores y trabajadoras del sector por mejores condiciones laborales.
Santibáñez fue enfático en señalar que “no permitiremos que estas acciones ensucien las aspiraciones legítimas que tenemos por mejores condiciones laborales. Estamos convencidos que un Poder Judicial fortalecido en dotación y recursos permitirá que la justicia llegue a tiempo y sin privilegios”.
Precariedad laboral
En relación con la precariedad laboral que afecta al sistema judicial, el presidente de Anejud denunció la falta de personal en las Cortes de Apelaciones y tribunales de primera instancia, lo que pone en riesgo el funcionamiento adecuado del Poder Judicial.
“Las 17 Cortes de Apelaciones, ubicadas en las distintas regiones del país, y los 465 tribunales de primera instancia que dependen de ellas, funcionan desde hace años con un déficit de dotación que pone en peligro la legitimidad, seriedad y confianza en este poder del Estado”, señaló.
Santibáñez aseguró que el gremio continuará siguiendo de cerca la evolución del caso y mantendrá su compromiso con la defensa de los derechos de sus afiliados y con la mejora continua del sistema judicial en su conjunto. “Seguiremos observantes de lo que ocurra y no bajaremos la guardia en nuestra lucha por un sistema judicial más justo y eficiente”, concluyó.
Cámara aprobó la AC contra Vivanco y Muñoz
Por su parte, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional contra Vivanco y Muñoz con 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones. Tras escuchar las defensas de los ministros y las intervenciones de los parlamentarios, el libelo se aprobó y fue remitido al Senado para su revisión.
El Senado revisará la acusación por capítulos y actuará como jurado en este proceso, que comenzará el próximo martes 15 a las 10:00 horas.
Además, se designó una comisión encargada de presentar la acusación en la Cámara Alta, compuesta por los jefes de bancada de RN, Ximena Ossandón; UDI, Gustavo Benavente; y Evópoli, Jorge Guzmán.
Cabe recordar que el libelo fue presentado por Chile Vamos y generó controversia por incluir a ambos ministros en una misma acción legal. Esta decisión fue criticada por el oficialismo y las defensas de los ministros, quienes calificaron la medida como una “barbarie”. Sin embargo, el libelo fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara Baja.
