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La defensa de la jueza Ángela Vivanco, bajo investigación por conversaciones con el abogado principal del caso Audio, no descartó recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el Congreso. Mientras enfrenta un cuaderno de remoción y dos acusaciones constitucionales, su abogado Cristóbal Osorio argumentó problemas de forma y fondo en las acusaciones. Se cuestionó la cantidad de diputados firmantes en las acusaciones presentadas y se planteó la posible inhabilitación de 62 diputados por opinar previamente. Además, se mencionó la opción de acudir a la CIDH debido a la importancia de analizar los derechos fundamentales y el debido proceso en juicios políticos en ese tribunal internacional.

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Desde el Congreso, la defensa de la investigada jueza Ángela Vivanco no descartó la opción de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Recordemos que la suspendida ministra de la Corte Suprema está siendo investigada por conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, el principal imputado en el marco del conocido caso Audio.

Por esta razón, se abrió un cuaderno de remoción en su contra -por parte del máximo tribunal- y dos acusaciones constitucionales en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En ese contexto, a juicio de la defensa de la magistrada, en la investigación de la suprema no habría un trato justo, mientras que en los libelos acusatorios existirían problemas de forma y fondo.

Defensa de Vivanco y opción de acudir a la CIDH

En voz del abogado Cristóbal Osorio, la defensa de Vivanco dijo -en el Congreso- que plantearon “las defensas de fondo, traemos una serie de documentos para poder exponerlas a la comisión y que llegue la certeza de la improcedencia de la acusación constitucional”.

“El artículo 52, número 2, que regula la acusación constitucional, dice que solamente pueden firmar una acusación constitucional 20 diputados. Estas acusaciones constitucionales suman 21 diputados. Por lo tanto, son improcedentes, son inconstitucionales”, explicó.

En la instancia, destacando el reglamento del Congreso que indica que un parlamentario no puede emitir opiniones previas sobre el caso, Osorio indicó que “tengo que acudir a las normas”.

“El artículo 346 es enfático en indicar que un diputado no puede tomar decisiones cuando existe una duda respecto a su imparcialidad”, sostuvo.

Acto seguido, el abogado tampoco descartó llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Es algo que tiene que evaluar la ministra (Vivanco)”.

“Nosotros simplemente lo que hacemos es entregarle las distintas opciones que tiene”, dijo. La razón estaría relacionada con que es el lugar “donde se analizan los derechos fundamentales”.

Y también “donde existe una jurisprudencia asentada respecto al debido proceso en juicios políticos”, complementó Osorio.

Finalmente, durante esta mañana de martes se confirmó que el próximo jueves 10 de octubre la comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados, votará la AC -del oficialismo- contra la ministra Vivanco.