La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió este martes una investigación por el millonario sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián.
Lo anterior, tras la denuncia que presentaron los diputados del Partido Socialista, Daniel Manoucheri y Daniella Cicardini, tras conocerse que la actual candidata a alcaldesa por Las Condes recibía unos 17 millones mensuales desde la institución de educación superior.
Según explicaron fuentes de Radio Bío Bío, la causa por presuntos delitos de corrupción quedará en manos de la Fiscalía Centro Norte, debido a que el principio de ejecución del eventual delito es la sede Bellavista de la USS.
Cabe destacar que los diputados socialistas ingresaron una denuncia al Ministerio Público por los eventuales delitos de corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular de la política, contratos simulados y cualquier otro ilícito penal que surjan de los hechos investigados.
A juicio de los parlamentarios, “los cuestionamientos no solo se relacionan con esta contratación, sino que además con una serie de contrataciones que se realizaron durante largo tiempo”.
En ese sentido, sostienen que “razonablemente generan dudas respecto del uso y destino de los recursos públicos transferidos por el Estado de Chile a la universidad privada, donde pudiera haberse mal utilizado e incluso lucrado con los recursos de todos los chilenos”.
“Acá podría haber lucro encubierto, pero lo que es más grave, podría haber financiamiento irregular de la política. Por eso, hemos oficiado a la Superintendencia para que se inicie un proceso de investigación, pero además, hemos realizado una denuncia ante el Ministerio Público, para que se investiguen delitos que podrían estar siendo cometidos bajo el alero de esta universidad”, sentenció Manoucheri.
Recordemos que en paralelo, la Superintendencia de Educación (SES) ofició a la Universidad San Sebastián (USS) por el caso de Cubillos y su millonario sueldo que recibió entre 2020 y 2024.
“Esta Superintendencia ofició a la universidad a que informe y circunscriba estos hechos de público conocimiento y ponga a su disposición los antecedentes de respaldo en un plazo máximo de cinco días hábiles”, señaló la SES.
Esto, aseguraron, pues “la Superintendencia tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento de la normativa interna y de la legislación vigente por parte de todas las instituciones de educación superior del país y utilizará los instrumentos que la ley le confiere para ese fin”.
Al respecto, la exministra de Educación se defendió de los cuestionamientos, confirmando el millonario pago, pero descartando alguna irregularidad.
Asimismo, a través de su cuenta en la red social X, Cubillos acusó un intento de impedir la “libertad de educación y trabajo”, apuntando a un supuesto “octubrismo”.
