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Este viernes, 44 extranjeros fueron expulsados del país por diversos delitos, en un avión de la Fuerza Aérea de Chile con destino a Colombia, Bolivia y Ecuador, según el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), que precisó que los deportados habían sido condenados por homicidio, abuso sexual, robo con intimidación, entre otros. Desde la oposición criticaron al Gobierno por las más de 30 mil expulsiones pendientes de extranjeros que han cometido delitos, situación que la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció en una sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
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Este viernes, 44 extranjeros fueron expulsadas del país por cometer diversos delitos, en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) con destino a Colombia, Bolivia y Ecuador.
Según precisó el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), los deportados habían sido condenados por “homicidio, abuso sexual, robo con intimidación, robo con violencia, robo por sorpresa, porte ilegal de armas, entre otros”.
Desde la oposición arremetieron contra el Gobierno por los más de 30 mil extranjeros que cometieron delitos y cuyas expulsiones aún están pendientes, pese a que en la mayoría de los casos los decretos están cursados desde hace cinco años.
La cifra fue entregada por la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, en una sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados realizada este jueves.
30 mil extranjeros con expulsiones pendientes por delitos
Para el diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, los casos pendientes se deben a que “el Gobierno carece de una estrategia” para deportar a inmigrantes.
“Lo que el Gobierno tiene más en mente es precisamente regularizar a quienes ingresan de manera ilegal, con todas las consecuencias que ello puede traer”, indicó.
Su par de Amarillos e integrante de la misma comisión, Andrés Jouannet, lamentó que el Ejecutivo no tome “medidas de fondo” para evitar el ingreso ilegal de extranjeros, como la creación de una “policía militar de frontera”.
“Lo que dice la ministra está bien, que lo reconozca, pero hay que resolverlo”, porque “para eso están los gobiernos”, sostuvo.
En el oficialismo, el diputado PPD Jaime Araya, también de la Comisión de Seguridad, llamó al Gobierno a hacer un “esfuerzo sincero” para ejecutar las 30 mil expulsiones pendientes, y así tener “un control como corresponde”.
“Muchos de esos migrantes que entraron de manera regular no sabemos quiénes son, dónde están, y muchos de ellos, naturalmente, son gente integrante de bandas criminales”, afirmó.
En lo que va del año, se han deportado a 768 personas, de las cuales, 335 son casos judiciales y 433 administrativos.
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