En un giro controvertido en el caso Factop, que ha mantenido a Rodrigo Topelberg Kleinkopf privado de libertad por más de cuatro meses, sus abogados defensores, han presentado un documento ante el tribunal solicitando una audiencia urgente. La solicitud, que invoca principios constitucionales de debido proceso y derecho a la defensa, acusa al fiscal a cargo de la causa de obstaculizar sistemáticamente el acceso a pruebas que podrían exonerar a su representado.
El próximo 27 de agosto, a las 9 de la mañana, en la sala 801 del Centro de Justicia de Santiago, se llevará a cabo una audiencia inédita en el bullado Caso Audio, que también involucra a Daniel y Ariel Sauer, Leonarda Villalobos y al influyente abogado Luis Hermosilla.
En esta instancia, Rodrigo Topelberg, quien ha expresado su descontento con la actuación de la fiscalía en la causa, tomará una decisión inusual. A pesar de haber colaborado desde mucho antes de que se iniciara el caso, la fiscalía se ha opuesto al cambio de su medida cautelar, por lo que sigue en prisión. Ante esta situación, Topelberg, junto a su defensa, encabezada por Alejandro Awad y Miguel Shürmann, ha decidido declarar judicialmente ante un juez y responder a todas las preguntas sobre el caso.
Así, en el 4° Juzgado de Garantía, ubicado en el edificio B, piso 8, del citado centro, comparecerá Topelberg, formalizado por delitos de estafa en el entramado de la empresa de factoring Factop S.A., vinculada a la facilitación de miles de facturas falsas. En esa audiencia, fijada para la revisión de las cautelares de garantía, se evaluará la prisión preventiva y la declaración judicial.
Respecto a este último punto, lo que buscará Topelberg es responder a todas las preguntas que estime la fiscalía y el propio tribunal, así como también a las consultas que hará la defensa del mismo imputado.
Según quienes están familiarizados con el proceso, desde el inicio de la reforma y en relación con los casos más bullados, no se había dado una instancia como esta, en la que uno de los acusados por la fiscalía decida hablar antes del juicio oral, y sin posibilidad de retractarse, como ocurre con las declaraciones de la fiscalía, que luego pueden ser revisadas y aprobadas. En este caso, cada respuesta quedará como base para el proceso final del juicio oral.
¿Qué se podría preguntar a Rodrigo Topelberg?
La audiencia, que parece simple o de una estrategia legal de su defensa, podría ser todo lo contrario e incluso terminar siendo explosiva para quienes por ahora no han salido a la palestra respecto al caso Factop.
Prueba de ello es que a la fecha no se sabe qué caminos ha dirigido la Fiscalía sobre fondos que se cruzaron con Larraín Vial u otras instituciones que operan con fondos de inversión o incluso factoring.
De hecho, es conocido en el circuito de abogados en Santiago, que la defensa de Rodrigo Topelberg ha pedido una serie de diligencias que apuntan a conocer qué pasó con el llamado “Fondo Corneta” de Larraín Vial. Un fondo que se abrió para Antonio Jalaff y que por ahora la Fiscalía no ha explicado. Incluso, las mismas fuentes, indican que la defensa de Topelberg ha presentado una serie de diligencias para el fondo de inversión cuyo activos adyacentes serían facturas falsas adquiridas masivamente por Larraín Vial y Amicor. Punto que tampoco se sabe qué ha hecho la Fiscalía con esto.
Otro punto de interés para Topelberg ha sido el rol de los Jalaff, Grupo Patio, en el núcleo del caso Factop, tal como queda claro en el audio en que aparecen Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos. Y este hecho es importante. Ya que el audio se grabó el 22 de junio de 2023, en las oficinas de Luis Hermosilla, que se gestó por supuesta información “confidencial” que habían accedido del Servicio de Impuesto Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y que buscaban analizar para poder adelantarse a los aspectos legales que eso pudiera tener.
Debemos señalar que en el proceso que partió con la querella que presentó Topelberg por administración desleal contra sus socios Daniel y Ariel Sauer y contra todos los que resulten responsables, de agosto 2023, todavía no aparecería en la carpeta declaraciones de la familia Jalaff ni otros vinculados a fondos que ahora se cuestionan. Quienes conocen de esto afirman que ahí radica el aburrimiento que tiene Topelberg con el fiscal Juan Pablo Araya.
Obstáculos en la defensa
Pero según el documento presentado para solicitar esta acción, la defensa ha enfrentado múltiples barreras para acceder a documentos y dispositivos electrónicos incautados durante la detención de Rodrigo Topelberg y otros imputados el pasado 8 de abril de 2024. Pese a reiteradas solicitudes formales, el fiscal Juan Pablo Araya habría negado el acceso a esta evidencia, amparándose en un prolongado proceso de vaciado de los dispositivos. La defensa subraya que los documentos físicos incautados no requieren un proceso de vaciado, y que la demora de casi cuatro meses es injustificable.
En una audiencia previa, realizada el 19 de julio de 2024, el fiscal admitió desconocer la ubicación exacta de la evidencia y se comprometió a informar sobre ello antes del 1 de agosto, para que la defensa pudiera acceder a los documentos desde el día 2 del mismo mes. Sin embargo, según la defensa, esta resolución no ha sido cumplida, lo que continúa vulnerando los derechos de Topelberg y su derecho a una defensa efectiva.
Solicitudes adicionales
Además de la audiencia para la cautela de garantías, los abogados de Topelberg han solicitado que se permita a su cliente prestar declaración judicial, argumentando que la falta de oportunidades para declarar ante el Ministerio Público ha dificultado su defensa. A pesar de más de un año de investigación, Topelberg ha sido citado a declarar solo en dos ocasiones, en contraste con otros coimputados que han tenido más oportunidades de hacerlo.
Por último, la defensa ha pedido la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que mantiene a Topelberg detenido, argumentando que nuevos antecedentes disminuyen la necesidad de mantener dicha medida. En una audiencia previa, el 24 de junio de 2024, la defensa no tuvo tiempo suficiente para exponer estos nuevos antecedentes, lo que, según alegan, ha sido un nuevo obstáculo en el derecho a defensa de su representado.
