Tras dos semanas de suspenso, el Gobierno presentó el veto al proyecto que permite que las elecciones municipales y regionales de octubre se realicen en dos días.
Durante su tramitación en el Congreso, algunos detalles ya estaban zanjados: la eliminación de la Ley Seca, la utilización del lápiz pasta azul y la ampliación del transporte público.
Sin embargo, existían nudos como las multas por no sufragar, el feriado irrenunciable y el reembolso para los candidatos que debían ser resueltos por el Ejecutivo.
Si bien el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, confirmó este miércoles los detalles del veto, diversos sectores no quedaron conformes. ¿La principal razón? El bajo monto de la multa para los electores que no sufraguen: 33 mil pesos.
Incluso, el diputado Andrés Longton (RN) tildó de “sinvergüenza” al secretario de Estado y lo amenazó con una acusación constitucional. De acuerdo al parlamentario, las fuerzas oficialistas buscan “ganar la elección por secretaria” al establecer esta polémica cifra.
Analistas coinciden en que esta sanción económica podría desincentivar el voto, ya que la ciudadanía no le tendrá miedo como cuando se acercaba a los 200 mil pesos.
El caos que terminó con veto del Gobierno
El proyecto original del Gobierno establecía multas entre 0,5 y 3 UTM (33 mil a 200 mil pesos) para quienes no asistieran a votar por alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales.
Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó aquellos montos por considerar que el techo era muy alto. Vlado Mirosevic (PL), uno de los principales detractores de esta medida, señaló que se trataba de una “sanción draconiana”.
Aquella discusión fue caótica: el voto seguía siendo obligatorio, pero no había multa. Esto no fue aceptado por el Senado, por lo que el proceso terminó en una comisión mixta.
Esta última instancia decidió rebajar el tope de la sanción a 2 UTM (132 mil pesos), lo que podía generar mayor acuerdo. No obstante, el ministro Elizalde pidió que el castigo no fuera aplicado a todos los “electores”, sino sólo a los “ciudadanos”.
¿Por qué? Ya que dentro de los electores también se encuentran los extranjeros avecindados hace cinco años o más en Chile. Si bien estos no tienen la obligación de acudir a votar, el proyecto los incluía dentro de quienes podían recibir multas por no concurrir a las urnas.
La advertencia de Elizalde no fue atendida por la comisión, por lo que el oficialismo rechazó el informe en el Senado y dejó una única salida: un veto por parte del Gobierno.
Elizalde en la mira por multa de 33 mil pesos
Este miércoles, el titular de la Segpres detalló las implicaciones del veto. Por una parte, cedió al incorporar a todos los “electores” dentro del grupo que puede recibir multas, pero hubo un gran pero que no dejó a todos contentos.
El castigo monetario se fijo en un único valor de 0,5 UTM (33 mil pesos), lo que fue considerando como una “sinvergüenzura” por parte de la oposición.
“Te vamos a acusar constitucionalmente, eres un sinvergüenza”, increpó el diputado Andrés Longton (RN) a Álvaro Elizalde por esta decisión. Según el parlamentario, el Ejecutivo “pretende ganar por secretaría una elección y vulnerar la voluntad democrática de este Congreso”.
Asimismo, aseguró que su sector cortaría relaciones con el Gobierno en la comisión de Seguridad de la Cámara, donde se tramitan importantes proyectos en esa materia. “Si es capaz de vulnerar de esa manera la Constitución, es capaz de vulnerar cualquier cosa”, sentenció Longton.
Tomás Duval, analista político de la Universidad Autónoma, sostuvo que “el Gobierno ha actuado correctamente al enviar el veto. Ha cumplido su palabra al restituir el voto obligatorio para todos los electores con sanción y corrigiendo otras materias”.
Una visión distinta tiene Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de Talca, quien indicó que “el Gobierno le metió un último arañazo a las reglas electorales. Ante la imposibilidad de cambiar el régimen electoral, lo único que le quedó fue rebajar irracionalmente las multas para quienes no votan”.
¿Se pierde miedo al castigo por no votar?
Además de rebajar la multa a 33 mil pesos, una primera versión del veto excluía de esta sanción a las personas gestantes en cualquier etapa de embarazo y a los mayores de 70 años.
Aquello fue duramente criticado por la oposición. “No vamos a aceptar que el señor Elizalde se siga riendo de los chilenos y vulnerando la Constitución al establecer encubiertamente un voto voluntario. Vamos a estudiar qué hacer con este Gobierno tramposo y mentiroso”, apuntó el diputado Henry Leal (UDI).
Al no generar consenso, el Ejecutivo decidió retirar estas dos condiciones excepcionales para determinados votantes.
A pesar de ello, analistas estiman que esto no es suficiente para garantizar una alta participación en las elecciones de octubre por dos razones: el bajo monto y la probabilidad de que el sistema no sea capaz de cobrarlo efectivamente.
“Algunos votantes a lo mejor pierden el miedo a no participar, porque es muy distinto arriesgar una multa de 33 mil pesos a otra que va de 33 mil a 200 mil pesos. Si observamos un retroceso muy significativo de la participación electoral, significa que la gente le perdió el miedo a la multa”, expresó Mauricio Morales.
Por su parte, Luis Martínez, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, explicó que “mi duda tiene que ver con las condiciones reales por parte de los respectivos Juzgados de Policía Local de hacer efectivo estos cobros. No sé si sea el monto de la multa un incentivo o desincentivo, sino la duda de si esta rebaja en un momento posterior a la elección será cobrable”.
Lo mismo opina Tomás Duval, quien afirma que “lo relevante en este caso es que el Estado aplique las multas. Si no las cobra, con el transcurso del tiempo el voto se vuelve voluntario”.
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